Mientras Haití se desangraba, política, económica y socialmente, y la tormenta Beryl sacaba a relucir las ineficiencias colectivas de una sociedad atomizada y de un gobierno multifacéticamente entrampado, llegaron a nuestras manos diversos artículos que conceptualizaban sobre el tema de la corrupción, y del análisis costo-beneficio de ejercerla.
En uno de estos artículos, Roberto de Michele, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), citando al economista Gary Becker, habla de la racionalidad de los corruptos, y de que este tipo de delincuente casi siempre realiza un análisis de los costos y beneficios que están encerrados en sus actos delictivos. Refiere que, los corruptos, previo a cualquier acción reñida con la ley, primero miden las posibilidades de ser descubiertos, el tamaño del castigo y las probabilidades de que realmente sean enjuiciados y condenados. Concluye que, si los beneficios superan a la suma de los costos en que incurre, es casi seguro que se dé el acto de corrupción.
Extrañamente, la sanción moral no parece importarle mucho al corrupto de turno, pues suele auto perdonarse, incluso, puede llegar a comulgar después de todo lo hecho. Frente a este comportamiento, Dan Ariely llevó a cabo una investigación para determinar si la deshonestidad –obviamente, en contraposición a la honestidad– era un fenómeno generalizado en la sociedad, y que sólo hacía falta que se dieran determinadas circunstancias para entrar en el círculo corrupto y delincuencial. Es decir, la teoría parte de si usted, amigo lector, yo, o cualquier funcionario, público o privado, puede caer en las garras de la corrupción.
De lo anterior surgió el Modelo Simple de Crimen Racional (SMORC, siglas en inglés), el cual establece que todo acto de corrupción, bandolerismo o deshonestidad, “ya sea desfalcando al Estado, robando un banco o libros”, implica una medición racional de los costos y beneficios que encierra, pues es una decisión económica casi siempre consciente, a menos que se trate de un trastorno o perturbación de tipo psicológica.
Partiendo de lo anterior, se puede concluir que, al igual que lo hace el modelo, lo importante es la aplicación de la ley, así como el establecimiento de mecanismos que permitan atrapar al infractor, y el aumento de la magnitud del castigo y la sanción. Un corrupto que sabe que si roba tendrá una pena mayor al valor de lo robado, se lo pensará dos veces y quizás hasta tres para delinquir.
