El Congreso de Costa Rica aprobó en la primera de dos votaciones necesarias una polémica reforma fiscal, que según el Gobierno es progresiva y pretende evitar una crisis, en una coyuntura de 26 días de huelga sindical en rechazo a la iniciativa.
Tras una semana de intenso trámite en el Congreso, que los opositores a la reforma califican como “atropellado” por su rapidez, el Plenario aprobó la iniciativa con 35 votos a favor y 22 en contra, con todos los diputados presentes.
La reforma es un proyecto prioritario del Gobierno de Carlos Alvarado, quien comenzó su mandato el pasado 8 de mayo, y busca recaudar recursos frescos equivalentes a cerca del 1.2% del producto interno bruto (PIB).
Según el Gobierno, el proyecto es progresivo y paliará el déficit proyectado en 7.1% del PIB para 2018, pero también servirá para que el país gane credibilidad ante los mercados y pueda acceder a financiamiento a mejores tasas y plazos.
La reforma contó con el apoyo de la bancada del oficialista Partido Acción Ciudadana (centroizquierda), así como con la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata).
Se opusieron al plan el conservador evangélico Partido Restauración Nacional (PRN), el Partido Integración Nacional, el Partido Frente Amplio y el Partido Republicano Socialcristiano, así como una diputada que rompió la línea del PLN y otra del PUSC.
“Este plan fiscal no es progresivo, no es balanceado, no es acorde a los principios sociales y pone en riesgo a los sectores sensibles”, declaró en el Plenario Carlos Avendaño, diputado del PRN.
José María Villalta, diputado del izquierdista Frente Amplio, aseguró que la reforma no es conveniente para el país pues contiene amnistías para deudores de impuestos, “estruja al Estado para invertir”, grava universidades y “golpea a los trabajadores del sector público”.
“Ojalá que el Gobierno entienda y abra el diálogo, que escuche al pueblo”, expresó Villalta.
El jefe de la bancada oficialista, Víctor Morales, aseguró por su parte que “una de las grandes mentiras que se han dicho es plantear que la reforma es un proyecto que pone su peso sobre las familias más pobres y los trabajadores”.
Los diputados acordaron enviar la reforma fiscal a consultas de diversas instituciones antes de que se lleve a cabo la segunda y definitiva votación.
Los legisladores posiblemente decidan también en los próximos días enviar el texto a la Sala Constitucional, algo a lo que no están obligados por ley, pero si lo hacen, la segunda discusión dependerá de la resolución judicial.
Basta con la petición de 10 diputados para que el proyecto sea entregado a la Sala Constitucional.
Durante esta jornada en el Congreso, decenas de personas en huelga soportaron la constante lluvia que afecta al país y rodearon el edificio para protestar pacíficamente, mientras grupos policiales custodiaban el lugar.
Los sindicatos cumplieron este viernes 26 días de una huelga indefinida en contra de la reforma fiscal, pero con el pasar de los días el movimiento ha ido perdiendo fuerza, como fue evidente con la poca cantidad de personas que se manifestaron frente al Congreso.
“Estamos aquí luchando por el pueblo. No queremos más impuestos que vienen a golpear a los más pobres”, dijo a Efe Alberto Muñoz, uno de los manifestantes.
Los sindicatos creen que la reforma afectará más a las clases bajas y medias y que trata con suavidad a los ricos y las empresas, por lo que exigen que el proyecto sea retirado del Congreso y se negocie un nuevo texto basado en propuestas sindicales.
Según el Gobierno, un 80% de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20% de hogares con mayores ingresos y las empresas, lo que provocará una reducción de la desigualdad.
La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.
El Gobierno asegura que en ingresos tributarios frescos la reforma recaudará cerca del 1.2% el producto interno bruto (PIB) y, que de esos ingresos nuevos, el 57% provendrá de impuestos sobre la renta y el 43% del IVA.
