Ahora que se han registrado aumentos en los precios de los combustibles y de las tarifas del pasaje del transporte público, han surgido protestas y también propuestas para que la Ley de Hidrocarburos (112-00) sea modificada.
Esa legislación establece por lo menos tres fuentes impositivas sobre los precios de los combustibles (un impuesto fijo ajustable por inflación, un impuesto Ad-Valorem de 16% y una carga de 2 pesos sobre cada galón de gasolina y gasoil).
El asunto es que esas fuentes de ingresos fiscales que capta el Gobierno a través de esa legislación son también las más efectivas en términos recaudatorios.
Esto así, porque es un impuesto de recaudación inmediata, es fácil de cobrar, difícil de evadir y ofrece la ventaja de que, con algunas discrecionalidades, se puede manejar el cálculo de precios hacia arriba o abajo, de acuerdo con la conveniencia o necesidad del momento que tenga el Gobierno.
Además, los impuestos que establece la Ley 112-00 tienen un peso importante en las recaudaciones totales como sustento del Presupuesto Nacional, lo que indica que si se propone su modificación, habría que proponer de inmediato las fuentes de ingresos para sustituir los recursos que se estarían dejado de recaudar tras cualquier cambio de su contenido.
Para tener una idea basta con decir que el año pasado, las recaudaciones del Gobierno por la Ley de Hidrocarburos sumaron RD$54,541 millones.
Esa cantidad, amigos lectores, representó el 14.1% de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Por si fuera poco, ese monto equivale al 10.2% de las recaudaciones totales del Gobierno durante el año pasado.
Si se propone la modificación a la Ley de Hidrocarburos es obvio que el objetivo es reducir parte de la carga impositiva que se aplica sobre los precios de los combustibles.
De ser así, ¿cuál será la propuesta para sustituir esos impuestos? Porque no hay forma de que el Gobierno acepte sacrificar una de sus principales fuentes de recaudación sin tener la seguridad de ingresos similares o mayores con la características de ser tan fácil de cobrar como los que entran a través de esa legislación.
Todo lo anterior indica que las propuestas para modificar la Ley de Hidrocarburos, vengan de donde vengan, se tornan demagógicas, porque tanto el Gobierno como la oposición saben que en estos momentos esa legislación como fuente de ingresos fiscales, es intocable.
Por eso no es extraño ver que esa ley se aprobó a principios de la gestión gubernamental de Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Posteriormente asumió el poder Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante dos períodos consecutivos y más adelante el actual mandatario Danilo Medina, quien lleva un período y medio.
Ninguno de ellos ha introducido propuestas de modificación a la Ley 112-00 para bajarle impuestos. Por el contrario, las modificaciones que se han introducido a esa legislación han sido para cargarle más impuestos como el Ad-Valorem que no estaba originalmente, como la eliminación del subsidio al gas licuado de petróleo, que tenía originalmente, como la aplicación de 2 pesos más a cada galón de gasolina y gasoil, que tampoco se incluyó en la propuesta inicial.
En un escenario de déficit fiscal, donde el Gobierno anuncia que debería buscar más de RD$75,500 millones prestados para cubrir la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, más RD$156,000 millones de préstamos para pagar capital e intereses de vencimientos de deudas, la idea de modificar la Ley de Hidrocarburos es una utopía.
Los empresarios del transporte conocen esa realidad y por eso mantienen sus protestas de calentamiento en procura de otras soluciones, pues saben que los cambios a la Ley 112-00 no se harán.
A la oposición política, desde aquí le aconsejamos desistir de esa propuesta, pues mientras más días pasen más se notará que no se trata de una intención verdadera, sino de una jugada coyuntural para captar impacto mediático.
Los partidos de oposición deben usar estrategias más efectivas y realistas para, de esa forma, impactar con mejores resultados en la atención de una población que, de apostar al cambio, ha de ser por algo mejor, no igual ni peor.
