[dropcap]L[/dropcap]uego de la política fiscal prudente aplicada en la década de los 90, a partir del año 2000 el Sector Público No Financiero (SPNF) abandona esta práctica y las finanzas públicas empezaron a manejarse discrecionalmente.
Como consecuencia, se generaron constantes déficits fiscales luego del 2000 y, a la fecha, sólo se ha registrado un superávit fiscal en el ejercicio fiscal del 2007.
Los déficits se originaron por expandir el gasto público más allá de lo permitido por los ingresos. Entre el 2000 y el 2015, el gasto se incrementa en 189.5%, en términos reales, mientras que los ingresos lo hicieron en 132.8%.
Según las proyecciones del CREES, el déficit de este año sería de casi el doble de los presupuestado (RD$ 152,400.0 millones), debido a la caída de las recaudaciones y el significativo incremento del gasto público. En términos absolutos, esta situación es similar a la de 2012, cuando el déficit fiscal del Gobierno Central fue de $158,540.8 millones, según estadísticas del Banco Central de la República Dominicana.
Debido a los déficits, la deuda pública del SPNF se ha incrementado en 667.7% (US$21,658 millones) entre diciembre del 2000 y abril de 2016. A su vez, el crecimiento de la deuda también ha incrementado los gastos en pago de intereses y amortización de la misma.
El cociente pago de intereses sobre ingresos tributarios, un mejor indicador de la sostenibilidad fiscal que el cociente deuda pública sobre PIB, muestra un deterioro de la sostenibilidad fiscal del país durante los últimos años.
El pago de intereses pasa de 6% de los ingresos tributarios en el 2000 a 19.3% en 2015. Según proyecciones del CREES, para 2016 el cociente llegaría a 22.1%. Para 2017 llegaría al 24.4%, según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2016 de la Dirección General de Presupuesto.
Para cubrir los déficits fiscales, se han aplicado 11 modificaciones al Código Tributario para incrementar los ingresos; modificaciones que han creado nuevos impuestos y/o incrementado las tasas de los existentes. Sin embargo, no se ha controlado el crecimiento del gasto público, la verdadera causa de los déficits y del incremento de la deuda pública.
Controlar efectivamente los déficits y el crecimiento de la deuda, requiere de la aplicación de reglas fiscales que creen lineamientos para la ejecución y magnitud del gasto, de los déficits y del endeudamiento público. A 2014, más de 70 países contaban con reglas fiscales nacionales y/o supranacionales. En adición, luego de la crisis financiera de 2008, el número de países que aplican estas reglas se ha incrementado significativamente.
La presencia de reglas fiscales, por si mismas, no es suficiente. Se necesita conciencia en la sociedad y voluntad política para asegurar su cumplimiento en el tiempo, así como limitar la posibilidad de que las distintas administraciones gubernamentales puedan modificarlas discrecionalmente.
Darle carácter estatutario (de ley) o constitucional a las reglas fiscales puede asegurar su integridad a través de distintas administraciones públicas; que es lo que han hecho la mayoría de los países con reglas fiscales.
En general, los países que han aplicado reglas fiscales de gasto, han mejorado la eficiencia de su inversión pública, según el índice de eficiencia de la inversión pública publicado por el Fondo Monetario Internacional. En promedio, los países con reglas de gasto tuvieron una inversión pública 50.2% más eficiente que los países sin reglas.
CREES y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) elaboraron un Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados. De aplicarse esta ley, se proveería al Gobierno de los instrumentos necesarios para lograr mejorar el desempeño y la administración de las finanzas públicas e introducir una visión de largo plazo al proceso del presupuesto.
Además, ayudaría a sanear y transparentar el proceso de presupuesto, mejorar la calidad del gasto público, controlar el nivel de endeudamiento, proveer un marco para que los hacedores de políticas públicas puedan considerar los efectos de sus decisiones en el tiempo.
Todo esto, siempre y cuando exista un verdadero compromiso de la administración con un manejo responsable de sus recursos, bajo el marco de la Constitución y las leyes. Las élites políticas, empresariales y sociales deben asumir su responsabilidad en el corto plazo para evitar males mayores en el futuro.
