[dropcap]L[/dropcap]a Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) lo ha dicho con claridad meridiana: La falta de regulación a los partidos distorsiona uso de fondos públicos y fomenta el lavado de activos.
Y ciertamente es así. Los partidos políticos en República Dominicana no han sido lo suficientemente transparentes con el destino que le dan a los fondos que reciben del presupuesto nacional. Sus dirigentes deberían predicar con el ejemplo. Lamentablemente es una dolencia que aqueja a todos, unos en menor medida que otros, pero es un mal que arrastran.
Los mismos informes que entregan a las autoridades no son lo suficientemente fiscalizados para saber si hay correspondencia con lo que dice el reporte y lo que realmente pasó con el dinero. A veces podríamos sentir que la rendición de cuentas es un mero requisito con el que se cumple sólo en los papeles, pero que su utilidad no es tal.
Esta sociedad, ávida de que las cuentas estén claras, demanda una legislación eficaz que frene el tráfico de influencia y la competencia desleal de agentes económicos que reciben privilegios irritantes como suplidores del Estado sobre la base de inversiones en candidaturas. De alguna manera hay que ponerle fin a esta práctica mal sana.
Ninguna organización partidaria debería temerle a la transparencia. Jugar limpio beneficia a todos. Los dirigentes de los partidos serían los más beneficiados al dar este paso de avance institucional.
En un país con instituciones fuertes todos los puntos deberían estar sobre las íes. Las naciones con mejores niveles de transparencia fortalecen sus estructuras institucionales y los resultados con miras a un desarrollo sostenible son más evidentes.
La transparencia sólo perjudica a quienes desean seguir actuando tras las cortinas o bajo la sombra de la ilegalidad. Políticos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos comunes deben aportar el granito de arena que les corresponde para hacer de este país una nación más cerca del desarrollo.
Los industriales de Herrera son empresarios y con todo el derecho defienden su capital. Sin embargo, el hecho de que sean ellos quienes piden transparencia a los partidos políticos, a sabiendas de que en algunos casos también contribuyen con determinadas candidaturas, tiene una significación mayor. Ellos piden transparencia y que se rindan cuentas claras del destino que los partidos le dan al dinero que reciben, incluyendo los fondos provenientes del sector privado. Y tienen mucha razón.
No es un secreto que financiar candidaturas podría ser una gran inversión o un negocio redondo para agentes económicos que ponen un peso para luego obtener diez y eso supone el otorgamiento desde el poder de privilegios irritantes y arreglos corruptos para saldar deudas políticas, afectando las finanzas públicas e impulsando malas prácticas en la dirección del Estado.
Esta es una preocupación que no sólo es a propósito del fallido intento de aprobar la muy discutida Ley de Partidos Políticos, que lleva más de 15 años de gavetas en gavetas en el Congreso sin que haya podido ser una realidad, se trata de la necesidad de que pasemos de las palabras y el descaro a la necesaria transparencia que demanda la sociedad para el bien de las presentes y futuras generaciones.
