La aprobación de la Ley que busca devolver a los trabajadores el 30% de los ahorros acumulados en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) arrastraría a muchos dominicanos a la pobreza, incluso al nivel extremo.
Así lo planteó el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Ernesto Selman, durante su participación virtual en la sesión económica quincenal que ofrece la entidad a los periodistas.
Selman explicó que el Gobierno no tendría forma de devolver los recursos en este momento, además de que percibe menos ingresos debido a los efectos económicos del covid-19, por lo que las agencias calificadoras de riesgos cuestionarían la solvencia del Estado para acceder a financiamiento.
Puntualizó que con la aprobación del citado proyecto de ley, las expectativas evaluativas y las inversiones hacia República Dominicana se pueden ver gravemente afectadas.
“Al final, la aprobación del proyecto de la ley podría implicar que haya insostenibilidad fiscal, que el Gobierno pierda su capacidad financiera para responder a sus obligaciones y las calificadoras de riesgos así lo verían”, sostuvo.
Indicó que el 41.8% de los fondos de las AFP están invertidos en bonos del Banco Central y que si hay que redimir esos títulos, habría que emitir dinero inorgánico, lo que traería mayor depreciación, devaluación e inflación.
“Quienes se verían más perjudicados por la inflación y la devaluación serían los propios trabajadores. Hay que tener mucho cuidado porque aquí las políticas públicas tienen efectos secundarios y a veces se plantean cosas que se ven muy bonitas, pero tendrían consecuencias devastadoras”, dijo.
El vicepresidente del CREES llamó a la sensatez, a la prudencia y a “ser adultos” en las tomas de decisiones y dejar la politiquería de lado, porque la aprobación de la ley pone en riesgo la vida de muchas personas.
Citó el caso de Perú, donde la población hizo presión y se acordó prestar el 30% de los fondos, los cuales fueron utilizados para adquirir electrodomésticos y aparatos electrónicos, algo que disparó la inflación.
Mientras, Miguel Collado Di Franco, economista senior del CREES, llamó a la nueva administración que entrará a partir del 16 de agosto a tomar políticas públicas que garanticen la mejora de la calificación de riesgos.
Di Franco resaltó que, debido a la expansión del crédito y la depreciación actual de la moneda, República Dominicana paga más que el promedio BB en América Latina por emisión de bonos soberanos.
Explicó que al 26 de junio pasado, la diferencia de las tasa de interés de bonos soberanos y bonos del Tesoro Estados Unidos, donde República Dominicana con una calificación BB- percibe un mayor riesgo que los países que tienen una calificación crediticia similar, por lo que llamó a las autoridades a ser prudentes en las medidas a tomar.
En cuanto a los principales retos que tendrá al próximo gobierno, el economista Ernesto Selman sostuvo que será cómo manejar las finanzas públicas ante mayores requerimientos de pagos de intereses.
Estimó que el pago de interés llegará al 35% de los ingresos tributarios, lo que requerirá un manejo con mucha disciplina de las finanzas públicas.
“En buen dominicano, las nuevas autoridades que lleguen no podrán inventar mucho, van a tener que poner las disciplina en las finanzas”, dijo.
“Si llegan con grandes planes de grandes gastos públicos, eso podría afectar la estabilidad macroeconómica y presionar el tipo de cambio, lo que generaría otras consecuencias no deseadas”, agregó.
