Cerca de 600,000 personas están en condición de inseguridad alimentaria en República Dominicana, un 5.5% de la población, señala un informe presentado este miércoles por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El informe registra un descenso constante de la inseguridad alimentaria, ya que pasó del 20.6% del período 2000-2002, al 12.4% dos años más tarde, el 6% en 2016-2018 al 5.5% actual, correspondiente al lapso entre 2017-2019.
“Aunque el informe refleja un descenso si lo comparamos con el 20.6% registrado en el año 2000, la única cifra aceptable es hambre cero, por lo cual debemos seguir trabajando para fortalecer la seguridad alimentaria de todos los dominicanos y dominicanas”, afirmó el representante de la FAO en la República Dominicana, Rodrigo Castañeda, en un comunicado.
Un dato que llama la atención en el informe es la prevalencia de la lactancia materna exclusiva, que ubica a la República Dominicana en el segundo lugar más bajo de la región con un 4.6%, lo que coloca al país muy lejos de la meta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de aumentar el índice de lactancia hasta un 70% durante los primeros seis meses de vida.
Además de la inseguridad alimentaria, el informe señala que el sobrepeso y la obesidad siguen afectando a la población infantil y adulta.
El porcentaje de niños que registra un sobrepeso se sitúa en el 7.6%, mientras que los adultos alcanzan un 61.2% de sobrepeso y una prevalencia en la obesidad de 27.6%.
El informe también mide los efectos económicos de la malnutrición y la cifra en US$1,961.1 millones, lo que equivale al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
De estos, US$499.7 millones son atribuibles a los costes que supone la desnutrición y US$1,461.4 millones, al sobrepeso y la obesidad.
El estudio muestra que el 39% de los niños y niñas desnutridos no completa la educación primaria y solo el 12% finaliza la secundaria.
La obesidad y el sobrepeso se traducen en que más de 1.6 millones personas adultas padecen diabetes e hipertensión, generando el mayor costo en salud.
El informe recomienda fortalecer políticas públicas multisectoriales contra la malnutrición, por exceso y por déficit, de manera que propicien la disminución sostenida de las prevalencias de malnutrición a través del abordaje de las causas determinantes del problema.
