Las bebidas alcohólicas adulteradas o alteradas nada tienen que ver con la industria formal cumplidora de estándares y buenas prácticas. Los procesos intervinientes, descritos someramente en la entrega anterior, que van desde la preparación de la materia prima hasta la formulación, embotellado y venta de la bebida llamada ron, por ejemplo, están sometidos al cumplimiento controlado de las normas correspondientes (de producto, procesos, sistemas, de BPM, sanitarias y hasta de responsabilidad corporativa), así como a un riguroso control de la calidad de los envases, sistemas de almacenamiento, embotellado, etiquetado, agua de proceso, salud y seguridad ocupacional, entre otros aspectos.
Este esfuerzo sistémico y constante en el nivel industrial, cuyo propósito no es exclusivamente pecuniario, sino que está atado también al compromiso de llevar al mercado nacional y a decenas de naciones extranjeras productos con características muy especiales y apreciadas, en nada se parece a lo que sucede con la economía subterránea de las bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas o falsificadas. En este mundo la calidad ni el compromiso con la salud y la vida de la gente cuentan. Prima el interés de obtención de ganancias fáciles con el más bajo costo posible.
En este mundo ilegal hay de todo: desde las transformaciones totales o parciales de las características fisicoquímicas, microbiológicas u organolépticas por causa de agentes físicos, químicos o biológicos (alteración), hasta toda una suerte de actividades criminales, tales como sustitución total o parcial de los componentes principales reemplazándolos o no por otras sustancias; adición de sustancias no autorizadas; sometimiento de tratamientos que simulan o modifican las características originales y, finalmente, la agregación de sustancias extrañas a su composición, todo lo cual encuadra en la definición de adulteración (ver: Decreto No. 52801 que aprueba el Reglamento General para Control de Riesgos en Alimentos y Bebida en la RD).
Los desvergonzados o delincuentes, que a veces actúan a la vista de los miembros de la comunidad que se trate, realizan todo tipo de prácticas no permitidas y violan a su antojo y sin control alguno de calidad los límites para los componentes físico-químicos, como son la acidez (como ácido acético), furfural, metanol, aldehídos, esteres y alcoholes superiores totales o fusel, los cuales definen el conjunto de los llamados congenéricos, exceptuando la acidez (el límite total permitido por la norma dominicana es de 359 mg /100 ml).
Lo peor es que el contenido de alcohol etílico en una bebida que no se haya sometido a controles de calidad y sanidad, puede estar diluido o rebajado con metanol, un alcohol que actualmente puede producirse a partir de gas natural, carbón, madera, e incluso de residuos orgánicos (biomasa celulósica). El alcohol metílico al metabolizarse ocasiona ceguera permanente en razón de que destruye irreversiblemente el nervio óptico (una dosis mayor a 30 ml puede causar la muerte). Este es un serio problema de salud pública, uno grave que merece un renovado y más eficiente esfuerzo de las autoridades.
¿Por qué son tan atractivos los negocios de alteración, adulteración, falsificación y contrabando de bebidas alcohólicas?
Creemos que, a semejanza de otros países de la región -por ejemplo, Colombia enfrenta el mismo problema en un territorio muy grande con cinco extensas fronteras terrestres-, hay varias causales decisivas, como son, los elevados impuestos que recaen sobre las bebidas alcohólicas; las graves deficiencias de vigilancia y regulación del mercado y de los principales insumos; muy bajo nivel de coordinación y de recursos de las autoridades cuya actuación es con frecuencia de carácter reactivo; falta de información y orientación del público; escaso poder de vigilancia de parte de la misma industria y, por último, inexistencia de un regulador robusto, técnicamente competente y respetable en materia de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos.
