[dropcap]M[/dropcap]icrosoft presionando en el Congreso argentino para sacar adelante la Ley de Violencia de Género. Johnson & Johnson trabajando codo con codo con varias asociaciones para conseguir promulgar la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo que el presidente Peña Nieto firmó hace poco.
La Compañía General de Electricidad cabildeando para aprobar el acuerdo de unión civil en Chile que dota de un marco legal a la unión de personas del mismo sexo. Google en España presionando para que el proyecto de Ley del Aborto no salga adelante, lo mismo que Galp en Portugal con el borrador de Ley de Información que regula la cobertura de los medios de las campañas electorales.
Las leyes son reales y actuales. Las situaciones no, pero podrían serlo dentro de poco. En Estados Unidos y Reino Unido algunas corporaciones han comenzado a usar su influencia política en beneficio de la sociedad. Grandes empresas pero también medianas y pequeñas. Se trata de poner los contactos y la capacidad de intervenir sobre medidas políticas al servicio de causas que sirven al interés general, beneficiando a la sociedad en su conjunto. Porque creen que el impacto será positivo y generalizado.
Muchas empresas y organizaciones han ido creando, con los años, una metodología eficiente, a veces sofisticada, de relacionamiento con los decisores, bien con el Gobierno, el poder legislativo u otros organismos reguladores o consultivos. Tienen el know how, el personal entrenado y una buena red de contactos que les ha permitido influir (o intentarlo) sobre el poder político cuando la situación lo ha requerido, para promover una legislación o para alterarla.
Esta actividad, salvo excepciones, se circunscribe al área de intereses de la compañía u organización, en virtud de la legitimidad que ciertamente posee para defender el perímetro de su negocio o actividad.
Una organización posee el derecho de alertar al legislador sobre las consecuencias negativas que una ley tiene. O puede, también, reclamar para que se promueva un nuevo marco regulatorio para su sector. Lo que se recomienda es no perder nunca de vista el interés general. Porque será ese el faro que guíe al legislador. Cuanto más cerca esté el interés particular del general, y todo ello dentro de la coctelera del cálculo electoral, más posibilidades de éxito tendrá la propuesta.
Algunas corporaciones, sin embargo, han ido más lejos y están incorporando otro tipo de causas a su estrategia de asuntos públicos, government affairs o regulatory affairs. Se trata, en su mayoría, de iniciativas sociales, culturales o medioambientales que, por alguna razón, se encuentran en fase de regulación en el Gobierno o en el Parlamento de cada país. Y se aprovecha todo ese capital generado en beneficio de dichos proyectos. Es el denominado Lobbying for good.
Hacer lobbying para el bien común. Se trata de una vertiente del activismo corporativo centrado en generar políticas públicas sostenibles. Es una nueva dimensión de la gestión de la influencia que tiene todos los ingredientes para convertirse en un área relevante para la reputación de las compañías en los próximos años.
Compromiso Activo
El activismo corporativo supone un grado de compromiso elevado por parte de las organizaciones con las sociedades de su entorno en las que opera pues no sólo exige contribuir al desarrollo de sus grupos de interés sino a su sostenibilidad. Pero ese compromiso no es sólo pasivo, en el sentido de que se limita a ayudar, sino que da un paso al frente. Es un compromiso activo, de movilización de la marca entorno a un proyecto, incluyendo el uso de recursos internos de la organización.
De entrada, el activismo implica riesgos que deberán ser ponderados por la dirección de cada compañía. Son riesgos principalmente en dos sentidos: por un lado, asociarse a proyectos ajenos implica perder cierto control sobre los acontecimientos. Si a ello le sumamos el componente político-electoral, la inestabilidad es aún mayor.
Por otro lado, podemos estar creando desconfianza y rechazo en algunos públicos que no comulgan con la causa que hemos elegido. La pregunta, por tanto, es evidente. ¿Para qué meterme en más problemas con el Gobierno si ya tengo suficiente con proteger y desarrollar mi negocio? La respuesta no tiene que ver con el Gobierno sino con el ciudadano.
Las empresas vienen haciendo un gran esfuerzo en el área de la responsabilidad social para ganarse la licencia para operar. Es la respuesta a una exigencia social según la cual, es legítimo que las compañías obtengan el máximo beneficio posible de su actividad siempre que exista un retorno a la sociedad que contribuya a su sostenibilidad.
De hecho, ese esfuerzo de las empresas acaba por tener un impacto positivo sobre las mismas: el desarrollo de la sociedad es el desarrollo de sus empresas y de este modo muchas incorporaron esa propuesta de valor en su ADN (Nestlé, Unilever).
Existe otra respuesta a la pregunta anterior y es el costo de oportunidad. ¿Cuál es el desgaste reputacional de no apoyar una iniciativa con evidente impacto positivo en tus propios grupos de interés? ¿Acaso no premiarán con fidelidad a quien les apoyó activamente y mirarán con recelo a quien podría haber hecho más y decidió mirar para otro lado?
Hoy en día, gracias a una sociedad civil empoderada por el desarrollo tecnológico y una mayor participación en la vida pública, los ciudadanos están demandando a las compañías que pasen a la acción. Que no sólo les apoyen sino que den la cara para defender sus intereses ante los poderes públicos, que pongan a disposición sus recursos para el bien común. Ese es el camino que están empezando a recorrer las empresas con el activismo corporativo.
