[dropcap]E[/dropcap]l 14 de este mes de julio se cumplió un año desde que el presidente Danilo Medina solicitó al Senado de la República la designación de tres personas, de una lista de cinco, para completar el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
La designación es imprescindible para que esa institución cumpla procedimientos que debió completar en el pasado, pero no lo hizo y ahora se mantiene en una parálisis operativa en términos ejecutivos, no así financieros, pues continúa recibiendo y gastando una millonaria partida presupuestaria.
La razón de esa parálisis guarda relación con diversos aspectos: las diferencias aparentemente personales entre el presidente de la Comisión de Industria y Comercio del Senado, Charles Mariotti, y la presidenta de ProCompetencia, Michelle Cohen; los supuestos intereses de sectores de la industria nacional para que ese organismo no opere de forma efectiva, a menos que se coloque en la Dirección Ejecutiva a alguien que responda a sus intereses; también se cree que no existe de parte del Gobierno la voluntad política suficiente para hacer que el Senado, definitivamente, le de curso al proceso pendiente y que ProCompetencia se haga operativa en su función de enfrentar la competencia desleal, el dominio de mercado, los monopolios y oligopolios, entre otras acciones negativas en la materia.
La historia es como sigue: en enero de 2008 se aprobó en el país la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia. Esa legislación crea a ProCompetencia con un Consejo Directivo de cinco miembros, los cuales, deben redactar un reglamento y recomendar al Poder Ejecutivo una terna para que el Presidente de la República designe al Director Ejecutivo.
La propia ley le da al Director Ejecutivo todas las facultades operativas, lo que indica que sin su designación ProConsumidor es una especie de “elefante blanco” que no aplica ninguna sanción ni cuestionamiento a la práctica desleal en el comercio, pues no puede ni siquiera recibir formalmente las denuncias. La figura del Director Ejecutivo, que le quitaría a su vez el control administrativo de la institución al Presidente del Consejo. Eso es lo que dice la Ley 42-08.
El Consejo Directivo lo integran cinco miembros designados de la siguiente manera: el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados una lista de cinco personas para que ese órgano legislativo escoja a dos que estarán en el Consejo por un período de cinco años.
Asimismo, el Poder Ejecutivo envía al Senado otra lista de cinco personas para que esa cámara escoja a tres que estarán en el Consejo de ProCompetencia durante dos años.
Los dos miembros aprobados por la Cámara de Diputados cesan en 2016, pues fueron escogidos en 2011 (la presidenta en 2012). Los otros tres miembros designados por el Senado cesaron en abril de 2013. Hasta ese tiempo, el Consejo no se ocupó de proponer al Poder Ejecutivo la terna para que designara al Director Ejecutivo.
Más de un año después, el 14 de julio de 2014, el Poder Ejecutivo envió al Senado una nueva lista de cinco personas para que complete a los tres miembros del Consejo que cesaron. Sin embargo, la Comisión de Industria y Comercio del Senado, que preside el senador Mariotti, se ha negado a proponer la designación en el pleno del hemiciclo, bajo el argumento de que ProCompetencia no ha estado cumpliendo sus funciones.
Mientras tanto, los tres miembros cesantes de ProCompetencia, aunque no tienen facultad de decidir, se mantienen en sus puestos con salarios que superan los RD$425,000 mensuales.
Ahora, como ha sido durante los últimos siete años, la República Dominicana tiene un organismo llamado ProCompetencia que solo sirve para impartir cursos, entrenamientos, reuniones con representantes de sectores productivos, participación en foros internacionales y fortalecimiento de una “cultura” de competencia en el país.
Pero como el Senado no ha completado su Consejo Directivo, éste a su vez no puede someter la terna para que el Presidente de la República designe al Director Ejecutivo, y como el Director Ejecutivo es el funcionario imprescindible para hacer posible la operatividad de ese órgano en términos de lucha y sanción contra la competencia desleal, en la actualidad, el país solo cuenta con una ProCompetencia que recibe más de RD$145 millones anuales de presupuesto, pero que su existencia es prácticamente nula ante el inexplicable desinterés del Gobierno, del Congreso y del propio sector empresarial, que parece sentirse cómodo como está.
Los miembros actuales del Consejo Directivo, cesantes y no cesantes, también parecen estar cómodos así, sin presión y sin casos por resolver. ¿Capricho o intereses? Así es este país, nada más y nada menos.
