[dropcap]E[/dropcap]l sistema de justicia de República Dominicana opera con un presupuesto que no suple la totalidad del gasto que demanda su funcionamiento y por esa razón los juicios representan un alto costo para el Estado.
Se estima que un juicio ordinario cuesta alrededor de RD$127,000, ya que incluye por lo menos cuatro audiencias a un costo no menor de RD$30,000 cada una.
Sin embargo, de todas las materias judiciales, la penal es la que más sacrifica los recursos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se destacan los casos de corrupción como los más caros y complicados.
El juez de la Cámara Penal de la SCJ, Juan Hirohito Reyes Cruz, aseguró que los casos de corrupción son complejos porque solo los expedientes que se presentan en la corte tienen miles de páginas y son tan grandes que los están colocando en caja; a diferencia de un proceso ordinario que tendría 20 hojas.
El magistrado manifestó que para la justicia trabajar con esos expedientes el costo económico está en que destina un personal exclusivo, además del costo de la logística de preservación, que implica medidas de seguridad.
Indicó que durante esos días de atención a los casos de corrupción, al juez se le van aculando otros procesos que tienen que cubrir después.
En tanto que el Ministerio Público, para perseguir la corrupción, necesita un cuerpo de fiscales capacitados que deben analizar auditorías, aplicar técnicas, incurrir en gastos de papel, combustible para los vehículos que los transporta, con el objetivo de presentar un expediente acusatorio, explicó el procurador General Adjunto Víctor Robustiano Peña.
“Por esa razón, en términos económicos los casos de corrupción siempre son complejos y costosos, no solo para la Procuraduría, sino para el sistema de justicia en general. Por ejemplo, en primera instancia implica el gasto de un juez, pero si es de apelación, el de tres magistrados, y cuando eso ocurre en el pleno de la SCJ, el gasto es mucho mayor”, planteó Peña.
El funcionario indicó que existen otros gastos especiales, cuando el Estado tiene que contratar abogados y el aumento dependerá del contrato y de la categoría del profesional.
Gastos en audiencias
Se estima que una audiencia judicial cuesta al Estado más de RD$30,000, donde la materia penal es la que demanda más recursos, porque en punitivo el imputado es presentado en los tribunales, primero para dictarle medidas de coerción y luego para la acusación formal a través de un juicio oral y contradictorio.
La última audiencia es un juicio de fondo en el que se conoce la base del caso para que el tribunal emita su fallo.
El gasto aumentaría con los aplazamientos y reenvíos que se podrían producir.
Durante el año 2014 los tribunales de primera instancia celebraron 433,217 audiencias que se estima costaron millones de pesos al Estado.
Para este año al Poder Judicial se le asignó un presupuesto de RD$4,906.6 millones, equivalentes al 1.2% de los ingresos del Estado. Pero ese monto era solo el 48% de lo solicitado por la SCJ. El juez Reyes Cruz explicó que el gasto de las audiencias judiciales se inicia desde que el tribunal fija el juicio, ya que intervienen los empleados de la corte para citar las partes del proceso, los que a veces están lejos de la provincia en que se desarrolla el caso.
“Decir que la justicia es gratuita es una falacia. Tiene un costo para el Estado, que se deriva de los impuestos de la población”, expresó el magistrado en entrevista a elDinero.
Destacó que el costo de las audiencias de la Primera Sala Penal del Distrito Nacional ascendió a RD$11 millones en los primeros seis meses de este año, porque ese tribunal es muy concurrido. En un día cita hasta a 40 acusados.
En igual cantidad se estiman los gastos de los mismos tribunales en la provincia Santo Domingo, donde se concentra el 40% de los casos que se ventilan en la justicia.
Los tribunales de paz, con menos atribuciones, llegan a facturar en gastos de audiencias hasta RD$2 millones anuales, expresó el magistrado.
El procurador Peña agregó que antes de operar en las audiencias ya la Procuraduría y las fiscalías han gastado muchos recursos económicos, porque tienen que hacer estudios en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y en casos de narcotráfico, allanamientos con el fin de acumular pruebas y pedir la sanción de los infractores.
Fraudes bancarios
En los últimos años en la justicia se han conocido casos que han demandado enormes gastos en el Poder Judicial como son las quiebras de bancos. Esos procesos, como los de deudas contractuales, particiones de bienes y estafas piramidales, resultan ser expedientes complejos para un magistrado calificar, resaltó Reyes Cruz.
“En un fraude hay que indagar, revisar auditorías, escuchar los peritos que intervienen en una pericia financiera y el tribunal tiene que estar en condición de entender esos temas”, manifestó Reyes Cruz.
Citó que los gastos que sufrió la justicia dominicana cuando el año 2003 quebraron los bancos Intercontinental (Baninter), Mercantil y Nacional de Crédito (Bancrédito) fueron muy elevados.
En esos procesos los empleados de la justicia trabajaban a tiempo completo y a los jueces hubo que asignarles escoltas para reforzar su seguridad. “Por eso es que la SCJ invierte mucho dinero en la formación de los jueces”, agregó.
Gastos para trasladarse
Un gasto acostumbrado en el sistema judicial dominicano es el del traslado de los integrantes de tribunales colegiados que tienen que acudir de su demarcación de origen a otros distritos judiciales para conocer el fondo de casos, lo que implica un gasto de combustible y dieta a los empleados de ese poder del Estado.
Según el magistrado Reyes Cruz, el Tribunal Colegiado de Barahona tiene que trasladarse a Pedernales para conocer procesos, lo que provoca un desplazamiento de 150 kilómetros. En ocasiones los procesos se reenvían y deben volver nuevamente.
El presupuesto para la justicia continúa siendo un debate todos los años, ya que generalmente el Poder Ejecutivo le asigna menos de lo que indica la Ley 194-04 que establece que “el presupuesto del Poder Judicial y de la PGR será de por lo menos un 4.1% de los ingresos internos del Estado”.
Esa partida es autónoma e implica que deben contratar su propio personal para todas las materias y crear cursos de especialización de ese recurso humano que debe adaptarse a los cambios.
