Muchas instituciones del Estado que han despedido a empleados desde el 16 de agosto del año pasado, todavía mantienen deudas pendientes de pago de proporción de doble sueldo o de vacaciones y otros compromisos.
Esa situación provoca la queja constante de exempleados públicos que, hayan sido “botellas” o no, tienen derechos adquiridos sobre los cuales el Estado debe cumplir.
Se puede argumentar que no hay recursos disponibles para pagar las prestaciones a extrabajadores públicos que las merecen y no las han recibido. Sin embargo, ese argumento se cae cuando se observa el anuncio del propio Gobierno de que el año pasado redujo el déficit fiscal de 9.3% a 7.7% del producto interno bruto (PIB) para un ahorro de RD$77,000 millones.
Si sobró tanto dinero el año pasado y, a su vez, la DGII y Aduanas, dicen que en enero y febrero recaudaron más de lo previsto, no hay justificación para que se elegue falta de dinero y se le niegue el pago de derechos laborales adquiridos a los extrabajadores del sector público. Resuelvan.
