La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido de que la crisis generada por la pandemia provocará fuertes aumentos de la informalidad laboral, la desigualdad y la pobreza en varios países de América Latina, por lo que los Gobiernos de la región deberán enfocar sus políticas en el desarrollo de sólidos sistemas de seguridad social y políticas para frenar la informalidad.
Así lo ha indicado el organismo en su último informe, donde resalta que tras un 2020 “devastador” por la crisis sanitaria, las perspectivas futuras están mejorando, señalando que la respuesta de los gobiernos de aquí en adelante debe abordar los obstáculos estructurales para el crecimiento económico.
En este escenario, la institución con sede en París ha realizado una serie de recomendaciones ha analizado las situaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México, citando además varias recomendaciones en materia fiscal, educativa, laboral o social.
ARGENTINA, 20 AÑOS DE POCA INTEGRACIÓN ECONÓMICA
La OCDE menciona en su informe la poca integración económica de Argentina en la economía mundial si se compara con otras economías emergentes, una situación que se ha agravado con el impacto de la contingencia sanitaria.
Así, el organismo considera relevante reducir los controles regulatorios y arancelarios por parte de las autoridades, lo que generaría nuevas oportunidades tanto a los ciudadanos como a las empresas.
Según la OCDE, este tipo de medidas fomentaría la exportación de empresas locales, generando puestos de trabajo más cualificados y con mayor posibilidad de ser formales. Además, la reducción de barreras comerciales supondría un aumento en el poder adquisitivo de los consumidores, especialmente para los de bajos ingresos.
En el ámbito laboral, el organismo apunta que el país sudamericano debería combatir las altas de informalidad y reforzar los sistemas de protección social de empleo, a través de esquemas de transferencia de dinero efectivo.
En el lado tributario, la OCDE cita varias recetas, como la eliminación gradual de los impuestos provinciales y sobre transacciones, así como la ampliación de la base del IVA. Asimismo, recomienda aplicar unas contribuciones más reducidas para los empleados de menos ingresos, con el objetivo de fortalecer el empleo formal.
BRASIL DEBE ENFOCAR LAS AYUDAS A LOS MÁS NECESITADOS
En el caso de Brasil, la OCDE ha resaltado la necesidad del país de reactivar su actividad económica tras el paso de la pandemia, además de enfocar los programas de protección en los sectores de la población más vulnerables.
Las recomendaciones de la Organización pasan por cambiar el enfoque del gasto social para beneficiar a los más necesitados de cara a reducir los niveles de desigualdad y pobreza.
Asimismo, el organismo recomienda la construcción de una red de seguridad social más sólida y universal, que aumente los beneficios para los trabajadores y que incluya a los empleados informales que actualmente no están cubiertos por ningún régimen de protección social.
Por otra parte, la OCDE recomienda la reducción de barreras comerciales y arancelarias para los bienes y servicios, así como la simplificación de la burocracia para los emprendedores del país a la hora de montar una empresa.
En términos de deforestación, la institución con sede en París aconseja aprovechar el éxito de épocas pasadas en la lucha contra esta, así como fortalecer los esfuerzos para combatirla y garantizar la dotación de personal y presupuesto suficiente para la agenda ambiental.
De su lado, la OCDE aconseja evitar un debilitamiento de la protección actual de las áreas protegidas. En el caso del Amazonas, el consejo pasa por centrarse en un uso sostenible de su posible explotación económica.
MÉXICO NECESITA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE LAS AUTORIDADES
En México, la OCDE ha advertido de que el Gobierno deberá garantizar la independencia de las autoridades de competencia y de los órganos especiales, además de otorgarles los recursos adecuados para su correcto funcionamiento.
En otro orden de cosas, el organismo recomiendo reducir las adjudicaciones directas en las licitaciones públicas y consolidar el uso de un sistema centralizado para las adquisiciones federales, además de aliviar las restricciones a la inversión extranjera directa en sectores clave como el transporte, la logística y la banca.
La OCDE también ha recomendado al país norteamericano reducir la burocracia a nivel local, reducir las altas tasas de informalidad y consolidar un sistema de seguridad social. Para conseguir esta caída de la informalidad, la institución aconseja destinar más recursos a las inspecciones laborales y el establecimiento de un sistema de seguro de desempleo a nivel estatal.
CHILE, COLOMBIA Y COSTA RICA
En Chile, la OCDE ha alertado sobre la exposición de las vulnerabilidades persistentes en el tiempo, como la desigualdad, el gran número de pequeñas y medianas empresas y una productividad débil.
Si bien el organismo ha reconocido que la actuación del Gobierno ha amortiguado algunos efectos negativos de la crisis, es necesario una acción de política estructural para evitar que los efectos de la crisis deshagan los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante las últimas décadas.
En Colombia, la institución ve probable que la pandemia conduzca a una mayor informalidad, desigualdad y pobreza, revirtiendo años de mejora. Por ello, advierte de que será necesario abordar las brechas de conectividad y la alta desigualdad entre las regiones del país, así como impulsar el crecimiento y el empleo a medio plazo.
En el caso de Costa Rica, la OCDE considera que para lograr una recuperación sólida e inclusiva, la máxima prioridad política debe ser impulsar la creación de empleo formal, con reformas que van desde la eliminación de obstáculos a la entrada de empresas y la competencia, hasta la mejora de la calidad de educación.
