Las empresas tienen más de una función en una sociedad organizada: suplir una necesidad, que podría ser un bien, producto o servicio; generar valor agregado a la economía a través de los empleos e impuestos que pagan al gobierno, impulsar el sector exportador y, no menos importante, ser rentables para que todo lo demás sea posible. En todo caso, generar utilidades está por sobre todas las cosas, aunque todo lo demás sea lo que realmente les dé sentido a los beneficios.
Además del sentido empresarial de todo aquel que invierte capital en una empresa, que es lo lógico, también están las razones blandas, que no son más que aquellas que mueven al ser humano a ser un ente productivo, que aporta a su comunidad o al país; que se siente útil y forma parte del tejido productivo que encadena con todas las demás áreas que le dan vida a la economía.
Y cuando se habla de empresa podría ser cualquiera, sin importar su tamaño o ubicación sectorial. Podemos referirnos a un colmado, una planta de producción de pastas alimenticias; un centro de distribución de productos de belleza, una estación de radio o televisión, una fábrica de zapatos en zonas francas, una envasadora de gas licuado de petróleo o expendedora de combustibles líquidos, así como una cadena de supermercados. No importa, la vocación debe ser generar utilidades.
El introito viene al escenario por la última actualización que hizo el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a los márgenes de comercialización de los hidrocarburos mediante la resolución 306-20. Es simple: ninguna empresa aguante siete u ocho años sin revisar o saber cuánto se está ganando por cada producto o servicio. La única salida que queda es la desaparición y con ello la pérdida de cientos de miles de empleos directos e indirectos. Nadie quiere perder su medio de sustento, ni el empleado ni el empleador.
Acorde con lo que dicen las autoridades, estamos contestes en que los negocios tienen una vocación de rentabilidad. En este sentido, por más vueltas que quiera dársele al tema, constituye una irresponsabilidad no revisar los márgenes de remuneración que tienen los actores del sector de hidrocarburos. En este caso es peor, pues se trata de un sector regulado, es decir, que no puede fijar sus propios márgenes aunque la inflación, tasa de cambio y salarios hayan variado.
En cierto modo no parece sensato dejar sin revisar hasta por ocho años los márgenes de beneficios de cualquier sector. ¿Cada qué tiempo se revisan los salarios en República Dominicana? Por ley se hace cada dos años. ¿Cuánto se ha depreciado el peso dominicano frente al dólar en los últimos ocho años? No menos de un 25%. Sólo con observar estas dos variables podríamos colegir que la revisión de cualquier margen de beneficio es, más que justa, necesaria.
¿A caso los demás sectores no lo han hecho? Por supuesto. No ha quedado un solo sector productivo sin revisar sus costos y, por ende, sus márgenes de beneficios. Si no hubiera sido así, puede anotarlo, hoy no existieran.
