[dropcap]H[/dropcap]ace apenas algunos días, causó gran sorpresa en nuestro país -y en la comunidad jurídica en particular- la noticia de que había sido aprobada una nueva ley que regula el ejercicio del notariado en República Dominicana.
Me atrevo a decir que la aprobación de la nueva Ley del Notariado fue algo inesperado en el país, ya que su contenido no era conocido, ni mucho menos fue consensuado con los sectores productivos nacionales.
Desde el momento en que el contenido de esta ley fue dado a conocer públicamente, han llovido las críticas.
No abundaremos sobre la importante cantidad de elementos de dicha ley que han sido rechazados por amplios sectores de nuestro país, sino que nos enfocaremos en uno de los aspectos más extraños y contraproducentes de la ley: el de elevar los costos de las operaciones jurídicas en el país.
La ley dispone de montos mínimos que deberán cobrar los notarios por determinadas actuaciones. Vale reiterar que éstos son montos mínimos, no montos máximos.
Con la finalidad de prevenir que se acuerden montos por debajo de éstos, la ley dispone que la DGII podrá fiscalizar a los notarios y estimar de oficio sus ingresos, tomando en cuenta los montos mínimos.
Veamos algunos de estos costos. La simple legalización de firmas ahora costará RD$2,000 (en mi experiencia duplicando el costo). Por la legalización del acto de convenciones y estipulaciones en un divorcio por mutuo consentimiento, la tarifa sería de RD$10,000, (en mi experiencia se estaría quintuplicando el costo).
Como si todo lo anterior fuera poco, las tarifas de los notarios para “instrumentar” actos de venta, hipotecas, transacciones, donaciones y otros contratos pudiera llegar hasta RD$200,000 (no, la cifra no es un error de redacción).
Además, es menester señalar que los notarios no instrumentan actos bajo firma privada, sino quienes lo hacen son los abogados de las partes.
Los notarios dan fe pública de que dichas partes fueron las que firmaron. Bajo el esquema contemplado por la ley, ahora no solo se tendrá que pagar una tarifa al abogado, sino que también habrá que pagarle una cuantiosa suma (que de seguro será mayor a la tarifa del abogado) al notario por su limitada participación.
En fin, esta nueva ley representa un retroceso para el país, porque hace más costoso el acceso a la justicia y el asesoramiento legal profesional, tanto a los ciudadanos más necesitados como a empresas pequeñas y grandes. Urge que se corrijan los múltiples errores de esta ley antes de que causen un impacto negativo en nuestra economía.
