Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva mediante la cual declara que la lucha contra la corrupción administrativa es de “altísimo interés para la seguridad nacional”. Esta acción se ubica en un marco normativo y legislativo de los más exigentes a nivel mundial, ya que el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) data del año 1977 y fue, quizás, la primera legislación que establecía penas en su país de origen a aquellos ciudadanos que realizaran actos corruptos en países extranjeros.
En el caso de la reciente acción presidencial estadounidense, se justifica el interés de Estados Unidos, ya que la corrupción “corroe la confianza del público” en el sistema de gobierno, “distorsiona los mercados y el equitativo acceso a servicios”, y que “cuando los líderes nacionales roban… se reduce el crecimiento económico, aumenta la inequidad y se desploma la confianza en los gobiernos”. La acción también toma nota de los importantes costos económicos asociados con la corrupción administrativa.
De manera concreta, el presidente Biden dirige a los funcionarios de su gobierno a:
1. aumentar los recursos y modernizar las metodologías de cooperación intergubernamental de lucha contra la corrupción; 2. combatir el lavado de activos de manera más agresiva, estableciendo (por primera vez en Estados Unidos) la obligación de reportar los beneficiarios finales de sociedades comerciales en ese país;3. perseguir de manera individual y penalmente a actores corruptos; 4. promover y establecer cooperación con la sociedad civil de varios países para ayudar en esta lucha, entre varias otras medidas.
En primer término, la cooperación intergubernamental y también con la sociedad civil en otros países, y dentro de los Estados Unidos, es sumamente importante para promover la lucha contra la corrupción. Es solo a través de esta cooperación y el uso de armas sociales para obligar y exigir la transparencia en la administración pública que realmente se puede causar una mejoría en este renglón.
Por otra parte, la lucha contra el lavado de activos ha sido un elemento de alta importancia para los EEUU, pero de manera sorprendente, en ese país, no existe una obligación de divulgar beneficiarios finales de sociedades comerciales y cuentas bancarias. Esto ha dado lugar a que el mismo país pueda ser utilizado para encubrir actos ilícitos, y esta medida contribuirá a la exigencia de transparencia a nivel mundial, además de transparentar estos aspectos en los mismos EEUU.
Sin lugar a dudas, el interés de la lucha contra la corrupción se debe, en parte, al interés comercial de los EEUU de asegurar que las sociedades radicadas en ese país compitan en condiciones de igualdad con otros países.
Esto quiere decir que es un interés no únicamente altruista; sin embargo, esta realidad no disminuye la imperante necesidad de reducir la corrupción administrativa para fortalecer nuestras instituciones y de esta manera conducir al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Cualquier ayuda internacional en este sentido sería bienvenida.
