[dropcap]L[/dropcap]a presidente ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones (ADAFP), Kirsy Jáquez, planteó que para enfrentar de forma efectiva y resolver los problemas de evasión y elusión contra la Seguridad Social se debe modificar la norma sobre el salario cotizable y su mínimo para aportación al Fondo de Pensiones y Jubilaciones.
Abogó por la aprobación de una ley que criminalice cualquier tipo de fraude y se establezca penas y sanciones similares a las que se aplican por evasión fiscal.
Indicó que se debe otorgar a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) la personería jurídica y autonomía presupuestaria que necesita para ejercer esa función a cabalidad.
Jáquez, hizo el planteamiento a propósito de la denuncia sobre un fraude detectado en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Seguridad Social, atribuido a una mafia que se estaría apropiando de manera fraudulenta de más de RD$100 millones pertenecientes a esa entidad.
La titular de la ADAFP considera que se amerita dar pasos concretos, más allá de la denuncia, a fin de solucionar de forma definitiva las citadas prácticas que atentan contra la sostenibilidad del sistema, provocando perjuicio irreversible en lo que serán las pensiones que tendrán los trabajadores en el país.
Explicó que las AFP en su rol y compromiso en defensa de los intereses de sus afiliados valora el respaldo que senadores y otros sectores del país han brindado a el tema, ya que dichos sectores se han pronunciado a favor de enfrentar y resolver las irregularidades detectadas por la Tesorería de la Seguridad Social.
Expresó que las AFP respaldan que se dé todo el apoyo a la Tesorería de la Seguridad Social, otorgándole las facultades legales y los recursos económicos que le permitan llevar a cabo tan importante labor.
La denuncia sobre el fraude detectado atribuido a empresas ficticias que reportan cotizaciones de supuestos empleados con montos muy por debajo al mínimo establecido en el régimen de Pensiones y Jubilaciones generando pérdidas por más de RD$100 millones al sistema, ha sido condenado por representantes de distintos sectores del país, incluyendo empresarios, juristas y otros representantes de la sociedad civil.
