El emprendimiento de una buena idea para negocio muchas veces se ve afectado no tanto por la falta de capital para su inicio, sino por los elementos de costos y de burocracia que implica su continuidad en un ambiente de formalidad.
Los trabajadores, por lo general, ven a sus empleadores como “explotadores” se lo ganan todo y explotan al empleado con un salario de miseria. Pero la realidad es distinta. Ser empresario no es tan fácil como parece.
Una persona que emprende un negocio, puede ser un taller de textil o un restaurante, para poner ejemplos de la industria y de servicios, por igual tendría que ubicar un local comercial, que seguro será alquilado con cuotas dolarizadas, aunque pague en pesos.
A eso tendría que agregar la compra de los equipos de trabajo, que obtendría mediante financiamiento bancario, previo a tediosos procesos de requisitos y comprobación de solvencia. Luego viene la formalización, para lo cual hay que pasar por la Cámara de Comercio y Producción, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), el Ministerio de Trabajo y algunas otras más.
Tiene que contratar servicios de comunicaciones, electricidad, agua potable y otros, además de los empleados. Estos últimos implican costos adicionales al pago de sus salarios.
Al sueldo de cada empleado hay que agregar un 14% para la seguridad social (salud y pensiones), otro 1% para el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), un 8% a reservar para el doble sueldo de Navidad y al menos un 4% para las vacaciones. Eso sin contar una reserva por si tiene que despedir al empleado, ya que tendría que pagarle sus derechos de preaviso y cesantía.
Vamos a asumir que se trata de un emprendedor “dichoso” que cuenta con capital para arrancar con el negocio y producir como empresa “formalizada”.
La pequeña empresa tiene la ventaja de que le suple al sector privado y al Estado, que les hacen pedidos constantes, por lo que cuenta con un mercado seguro de colocación de sus productos. El asunto es que sus clientes, que han prometido pagarle en 60 días, siempre se retrasan y pagan a los 120 días, llegando, incluso, hasta los 160 días para pagar la mercancía recibida y facturada.
“Facturada”, esa es la otra carga económica que pesa sobre este pequeño empresario formalizado y que influye en una alta probabilidad de que termine en la quiebra.
Sucede que nuestro sistema tributario establece que el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) se paga antes del 20 de cada mes siguiente con base en lo “devengado” no en lo “percibido”.
Esto indica que, por ejemplo, si usted le entrega y le factura mercancía a su cliente en un mes por RD$1,000,000, para lo cual invirtió RD$700,000 de costos, antes del 20 del mes siguiente deberá pagarle a la DGII el 18% de ITBIS que cargó a esas facturas, es decir, RD$180,000. Pasa el primer mes y usted paga al fisco esa cantidad, al segundo mes, sin haber recibido pago de su cliente, debe pagar lo mismo si facturó igual, lo mismo durante cuatro meses, si su cliente no le ha pagado.
Al cabo de cuatro meses, cuando su cliente le debe RD$4,720,000, ya usted le ha pagado al fisco RD$RD$720,000 de ITBIS. Su cliente, al cuarto mes, le llama para pagarle el primero de los cuatro que le debe, es decir, RD$1,180,000, cuando ya usted ha invertido en costos operativos (local, empleados, materia prima y pago de servicios) al menos RD$2,800,000, que es el 70% de su proceso productivo, pues sus ganancias, promedian un 30%, en condiciones normales.
Si ese pequeño empresario no cuenta con un capital suficiente para cubrir esos costos en su primer año de operaciones, es segura su quiebra antes de ese tiempo. Y eso es con buenos clientes para suplirle. Imagínese si los pedidos no son constantes. Sería de mal a peor.
Esa es la difícil realidad de muchos pequeños y microempresarios, que por eso prefieren seguir operando en la informalidad. Algo debe cambiar.
