Hemos sido testigos, y no desde hace una semana o un mes, sino desde hace años, de conflictos entre taxistas tradicionales y los que se dedican a ofrecer el servicio de transporte privado a través de las plataformas digitales.
Como se sabe, estos problemas han puesto en peligro la integridad física de los turistas. Y si estos “dimes y diretes” siguen, acompañados en ocasiones de agresión física hacia los usuarios y taxistas, pronto veremos cómo se correrá la voz en todo el mundo de que nosotros tenemos un destino turístico de primera, pero con un servicio de transporte pésimo y peligroso.
Aún hay tiempo para evitar una tragedia que no sólo haga correr la sangre, sino que nos coloque en un país de alto riesgo para el turismo. Es de suponer, porque no tendría otra forma de pensar, que las autoridades del Ministerio de Turismo y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), así como otras entidades del Estado, deben estar enteradas a carta cabal de lo que sucede entre taxistas tradicionales y los que ofrecen el servicio a través de plataformas digitales. No sólo es un espectáculo de mal gusto, sino un alto riesgo para la imagen del país como destino turístico.
Hay posición dominante evidente de los taxistas tradicionales sobre aquellos que usan aplicaciones como Uber, DiDi e InDriver, pero también hay razón en saber cómo se pueden regular estos últimos, especialmente porque no hay norma aplicada de manera eficiente. El decreto 515-21, emitido por el presidente Luis Abinader el 17 de agosto de 2021, en su numeral 2 del artículo 46 sostiene que “el taxi que no esté autorizado a operar en un hotel, solo podrá llevar al pasajero que utilice sus servicios a cualquier instalación hotelera cuando sea dispuesto como destino final, sin poder recoger dentro de las instalaciones del hotel a ningún huésped o pasajero al momento de dejar al usuario”.
El Gabinete de Turismo instó a las empresas prestadoras de servicios de transporte turístico para que “inicien de inmediato su proceso de registro ante el Intrant” en un plazo de 15 días a partir del pasado 29 de octubre. Una vez concluido el periodo “se aplicarán los controles correspondientes”.
La empresa estadounidense Uber, en un comunicado difundido a propósito del conflicto, reiteró su compromiso de avanzar en una regulación diferenciada que reconozca las características particulares de los servicios privados de transporte de pasajeros intermediados por plataformas tecnológicas. Sostiene que así quedó plasmado en el memorándum de entendimiento firmado con Intrant y el gabinete de Turismo, en marzo pasado.
Hay una cosa bien clara: los transportistas tradicionales reciben beneficios del Estado y tienen capacidad de chantaje. Los otros no tienen, como sí los taxistas, representantes en el Congreso y en otros estamentos de decisión. Parece un chiste que un turismo deba caminar un kilómetro desde su hotel para tomar un Uber y 200 metros si es en la ciudad. Conclusión: hay un caos.
