En El Salvador, con el 68% de su agua superficial contaminada y donde unas 500,000 personas (de más de 6 millones de habitantes) no tienen agua potable, el Congreso pretende aprobar una polémica ley que buscaría garantizar el derecho de acceso al líquido, pero que es rechazada por comunidades rurales y organizaciones ambientalistas.
Durante años, los habitantes de la zona rural del país y organizaciones de la sociedad civil han insistido en una ley que proteja el recurso hídrico y permita su acceso a las comunidades que históricamente han sido afectadas por la falta de agua potable.
Sin embargo, advierten que la ley que se prevé apruebe la Asamblea Legislativa no solventará las deudas históricas y consideran que da prioridad a las empresas que explotan el recurso.
La problemática de la falta de agua en El Salvador se da más en las comunidades populosas y en lo rural, donde las personas tienen que comprar barriles de agua para subsistir o acarrearla de ríos, muchos de estos con altos niveles de contaminación.
A pesar que el país cuenta con una buena oferta hídrica (11 regiones hidrográficas), la falta de protección de cuencas, la mala distribución y la ausencia de una legislación ha producido que el país padezca estrés hídrico, lo que hace que la demanda sea más alta que el agua disponible.
El ambientalista Luis González dijo en declaraciones a Efe que, según el índice de calidad de agua de 2019 del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), apenas el 14 % del agua “no contaminada” tiene una calidad “buena” para el consumo humano, mientras que el resto está en niveles “de regular a pésimo” y no existen registros con calidad “excelente”.
Indicó que El Salvador “tiene una degradación de sus cuencas hidrográficas a nivel superior en Centroamérica”.
“Somos el país más deforestado de la región, con menos acceso al agua en la región y con más contaminación del agua”, subrayó el miembro de la organización no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
La situación del acceso al agua en el país
Para el 2017, se estimaba que el 8.7% de la población salvadoreña no tenía acceso alguno a agua potable, según la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), lo que representaba 547,542 personas, la mayoría residentes en las zonas rurales.
La cifra de habitantes en la nación para el 2017 era de 6,293,594 millones de personas, de acuerdo con estimaciones de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía.
En la actualidad se desconoce si dicho porcentaje aumentó o disminuyó, pero en caso de mantenerse, la población sin agua ascendería a 550,346 habitantes de los 6,325,827 millones de residentes en el país, con una extensión territorial de 21,041 kilómetros cuadrados.
Por otra parte, la cobertura a nivel nacional que da la ANDA para abastecer del vital líquido a la población ronda entre un 76% y 95.8% en la zona urbana y un 41.9% en la zona rural, de acuerdo con un informe de junio de 2020 a mayo de 2021.
Ley hídrica propuesta por el Gobierno
Durante años, los diputados de diferentes legislaciones en el Congreso debatieron y analizaron diversas propuestas de ley de agua, la mayoría presentadas por ONG ambientalistas y de la sociedad civil, pero las discusiones no concluyeron en la aprobación de una ley.
El Gobierno de Nayib Bukele, a través del Ministerio de Medio Ambiente, presentó a mediados de junio el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos, con el que se busca terminar con la problemática del acceso al agua en dicho país.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, concluyó a mediados de octubre pasado el estudio de la referida iniciativa y se espera que la comisión encargada del análisis revise el documento nuevamente antes de emitir el respectivo dictamen favorable para que se pueda votar en el pleno.
El diputado Christian Guevara, del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), indicó recientemente que con dicha normativa -de más de 170 artículos- “le estamos cumpliendo a los salvadoreños”.
Aseguró que se realizó una consulta amplía de los diversos sectores y que se garantiza que el agua no sea privatizada.
No obstante, González señaló que “toda la ley está hecha para autorizar el uso del agua a sectores, pero no para proteger y conservar el vital líquido y no regula las autorizaciones que se dan a la empresa privada para extraer agua”.
“En la (propuesta de) ley se elimina todo tipo de participación ciudadana (…) está hecha para beneficiar a sectores que históricamente han hecho del agua una negocio, una mercancía y no para proteger este bien natural, no para garantizar el derecho humano al agua”, aseguró.
Para González, dicha propuesta de ley “no contiene los elementos básicos para solucionar la problemática del agua en el país” y señala que, a su juicio, no resolverá la problemática.
Señaló que el reconocimiento del agua como un bien público, el reconocimiento del derecho humano al agua, la gestión pública con participación ciudadana y la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas, son elementos que “no son abordados a profundidad en la ley”.
Juntas comunitarias de agua
Ante la falta del servicio estatal del agua para todos los habitantes, se han creado las juntas comunitarias de agua que suman entre 2,300 y 2,500 en todo el país y que abastecen de agua a 1.4 millones de personas, una gran parte de la zona rural.
De acuerdo con González, las juntas comunitarias de agua son las que “históricamente le han dado agua a las comunidades más pobres y vulnerables a las que ANDA y el Estado nunca han llegado”.
El ambientalista señaló que dichas juntas de agua fueron “dejadas de lado en el proyecto de ley y se les ha catalogado como empresas privadas con fines de lucro”, lo que “no es así”.
