San Juan.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, alertó este martes de que la isla sufrirá un largo proceso de caos y una crisis humanitaria si las autoridades federales estadounidenses no permiten un proceso legal de reestructuración de su millonaria deuda.
El jefe del Ejecutivo hizo la advertencia durante su intervención en una audiencia organizada por el Comité de lo Jurídico del Senado federal en Washington sobre la situación fiscal y la deuda de unos 72.000 millones de dólares que asfixia la liquidez del Estado Libre Asociado.
La intervención de García Padilla coincide con unos vencimientos de deuda por valor de 354 millones de dólares que se cumplen hoy.
El gobernador boricua subrayó durante su intervención que Puerto Rico se enfrenta a una crisis humanitaria que afecta directamente a 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses, de los que cerca de 300,000 emigraron durante la última década ante la falta de perspectivas económicas en la isla.
Subrayó que Puerto Rico ha hecho todo lo que estaba en sus manos para evitar un impago en forma de fuertes medidas de austeridad.
“Hemos recortado los gastos en más del 20%, reformamos nuestro fondo de pensiones y está en transición el impuesto sobre las ventas a otro sobre el valor añadido con una tasa de 11.5%”, indicó García Padilla.
Enumeró otras medidas de austeridad tomadas por el Ejecutivo como el aumento de impuestos a la gasolina y el agua, reducción de rutas de transporte público y de escuelas, conjunto de iniciativas que dijo han afectado a los servicios que se prestan a los ciudadanos.
García Padilla destacó además que la emigración masiva ha reducido la base de impuestos recaudados.
Insistió en que las medidas de emergencia tomadas para evitar un impago y mantener los servicios esenciales son “insostenibles”.
García Padilla aclaró que no se pide al Congreso estadounidense un “rescate financiero”, sino el acceso a un marco legal para reestructurar la deuda, un trato equitativo con el resto de ciudadanos estadounidenses en los planes de asistencia sanitarios públicos y la exención de la Ley Jones que obliga a que la mercancía que llega a la isla lo haga a través de embarcaciones estadounidenses.
El Comité de lo Jurídico del Senado federal convocó hoy además al representante de Washington ante el Congreso estadounidense, Pedro Pierluisi, que dijo durante su intervención que ya es hora de que Washington legisle para contribuir a solucionar el problema de la deuda de Puerto Rico que asfixia sus finanzas públicas.
“Ésta es la quinta vista que celebra en el congreso sobre Puerto Rico este año. En cada vista he expuesto enfáticamente que la isla enfrenta una crisis por dos razones”, dijo Pierluisi.
Primero responsabilizó al actual Ejecutivo por falta de disciplina, transparencia y de sentido común al manejar las finanzas públicas.
Luego responsabilizó también al Gobierno federal de EE.UU. y a sus políticas hacia Puerto Rico, que, dijo, “no son equitativas ni coherentes”.
Pierluisi, líder también del principal partido de la oposición e Puerto Rico, insistió en reclamar que se autorice legislación para reestructurar una porción significativa de la deuda del Estado Libre Asociado.
“Como mínimo, Puerto Rico debe tener las mismas condiciones que tienen los estados de ajustar sus deudas bajo el Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras. Proveerle esa autoridad no le cuesta nada al Gobierno federal, mientras que no hacerlo tiene un costo humanitario enorme”, indicó.
Otro de los participantes en la vista, Richard Carrión, presidente de la principal institución financiera de la isla, el Banco Popular de Puerto Rico, dijo durante su intervención que no es posible la recuperación sin la reestructuración de la deuda.
“Alguna forma de reestructuración de la deuda es inevitable”, subrayó el banquero, para quien en 2016 el Gobierno puertorriqueño tendría que pagar el 40 % de sus ingresos proyectados para pagar la deuda.
El antiguo vicegobernador de Nueva York y actual asesor del Ejecutivo puertorriqueño, Richard Ravitch, pidió que el Congreso autorice la reestructuración de la totalidad de la deuda pública de Puerto Rico.
Sin embargo, Stephen Spencer, directivo de la sociedad Houlihan Lockey, que asesora a acreedores de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pidió en sentido contrario al Congreso que no permita la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9 de la Ley federal de quiebras.
