[dropcap]E[/dropcap]l problema energético, porque no se le puede llamar de otra manera, deberá tener una solución definitiva. Sin embargo, todo indica que la salida habrá que hallarla con el concurso de todos: gobierno, empresarios y consumidores comunes.
República Dominicana no podrá mejorar sus niveles de competitividad y pasar con notas sobresalientes las mediciones internacionales sin saltar los retos pendientes en materia energética.
El presidente Danilo Medina, en una admisión valiente e implícita de las dificultades de financiamiento que confronta el proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina, ha lanzado una propuesta que debió, quizá, haberse hecho desde un principio, entendiendo que el Estado no tiene por qué ser juez y parte en la solución.
Ante la Cámara Americana de Comercio, el jefe de Estado planteó que el Estado desea contar con la participación del sector privado nacional e internacional para concluir el proyecto energético de Punta Catalina.
Se sabe que organismos internacionales dieron la voz de alerta ante la necesidad urgente de que el país diversificara la matriz de generación, reduciendo su dependencia de combustibles fósiles y liberándose de precios demasiado elevados. Entendiendo esta urgencia, se tomó la decisión de Estado de construir las plantas a carbón, a pesar de los diferentes puntos de vista que se le dieron al proyecto en un principio.
Las dificultades económicas no han venido de parte del Estado. Los hechos indican que así es; que se ha debido a la dejadez o desinterés que existe en el ámbito internacional a financiar plantas de generación cuyo combustible sea el carbón mineral por los problemas ambientales que provocarían.
Ahora que los trabajos de construcción de la central de Punta Catalina se han ralentizado y que no han fluido los recursos con la celeridad proyectada, es propicio que el sector privado, a petición del Gobierno, entre para salvar la situación. Ya el proyecto se inició y abandonarlo sería peor.
República Dominicana ha asumido compromisos financieros y, de todos modos, sería una alternativa de diversificación de la matriz energética, tal y como lo sugirieron organismos internacionales.
Hay que recordar que en julio de este año la Cámara de Diputados aprobó un préstamo de US$632.5 millones, firmado por el Gobierno con Deutsche Bank de Alemania y el Banco Santander, sucursal Milán. Ya había sido aprobado por el Senado el mes anterior. De este monto, US$550 millones se destinarían para las plantas de 360 megavatios cada unidad, y los otros US$82.5 millones cubrirían la prima del seguro de la empresa italiana Crédito a la Exportación (SACE), lo que indica que, de por sí, resulta caro, pues equivale a un 15% del monto destinado para las plantas.
Los costos son altos. Está previsto que el país pague una comisión de estructuración de 2.275% del monto total del contrato de financiamiento, una de compromiso de 0.80% anual sobre el monto disponible del préstamo, una comisión de administración de 0.80% del monto total, y otra de agencia por US$100,000 anuales durante la duración del financiamiento.
Pero ya están y hay que seguir hasta terminarlas. Parar sería peor.
