En los albores de 2012, en plena campaña electoral, los dominicanos se tiraron a las calles para reclamar el cumplimiento de la Ley General de Educación 66-97, la cual le asigna el equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB) de los ingresos corrientes al sector educativo preuniversitario. Luego de 13 años de espera, el contexto político no puedo ser mejor. Todos los aspirantes a la Presidencia, como era de esperar, firmaron el documento a través del cual se comprometían a aplicar la legislación.
Ganó Danilo Medina y tuvo que hacerlo sí o sí. No hacerlo implicaba tener que ver a la masa en las calles de nuevo. Hizo lo que nunca se había hecho. Comenzó la asignación y durante el primer año el presupuesto al Ministerio de Educación fue de RD$99,628 millones, casi el doble de lo que había sido en el año anterior. Ya había cantidad suficiente de dinero para comenzar a invertir (o gastar) en el sector educativo.
El problema era que logísticamente las estructuras burocráticas (y demás) no estaban preparadas, a pesar de que esa legislación debía comenzar a implementarse en 1999. Los resultados en cuanto a la calidad de la educación que reciben los estudiantes deja mucho que desear.
Ha habido mucho dinero presupuestado. Según las estadísticas disponibles, entre 2013 y 2020 asignó un presupuesto consolidado de un billón RD$129,998.8 millones, pero se ejecutó un billón RD$109,864.5 millones, lo que genera un promedio de ejecución de un 98.05% anual respecto a lo presupuestado. Ha habido tanto dinero para gastar que incluso quedan en fondo, según los datos, alrededor de RD$19,900 millones sin ejecutar en este período.
¿Valió la pena todo el proceso de lucha de la ciudadanía para que se aplique el 4% del PIB para la educación? Por supuesto que sí. El tema está en que los reclamos se concentraron en la cantidad, pero no en la calidad. Hoy, cuando se analizan los resultados, es notorio que hay materias pendientes en cuanto a bien invertir los recursos que cada año se destinan al sistema educativo. Quizá era necesario construir muchas escuelas e invertir en tecnología, pero nada de eso sirve si quienes deben darles uso saben cómo hacerlo o sacarle el mejor provecho.
Otro aspecto es la calidad de la ejecución del presupuesto, es decir, ver en qué medida se supervisa cada centavo que va destinado a mejorar la calidad del sistema educativo dominicano. Hay voces que se han dejado escuchar para que revise todo lo que está haciéndose con los miles de millones de pesos que cada año se destinan a la educación preuniversitaria. Esto hay que tomarlo en serio, pues ahí está el futuro del país.
