Siento haberme equivocado, porque al experimentar el encierro por la pandemia del covid-19, firmemente creí que, al finalizar, debíamos ser ciudadanos mas conscientes, mas considerados, mas prudentes, en definitiva, mejores seres humanos con mejor sentido de la solidaridad. Y con esta catastrófica noticia del Digesett de que las contravenciones aumentaron más de un 50% ocasionando muertes, heridos, tragedias y costos a la sociedad, es una maldita muestra, de que salimos siendo peores, que antes de la pandemia, sin poder echarle la culpa al cambio de gobierno.
Para el 2019, las multas fueron 1,003,852, y 2021, 1,522,201, o sea, que tuvieron un crecimiento de un 50%. Y lo peor del caso es que, estas cifras no constituyen ni el 20% de todas las violaciones que se cometen en nuestras calles, ya que el territorio cubierto por los agentes de Digesett, no cubre todo el país, siendo inexistente en una gran parte de municipios y barrios, donde podemos notar, la ausencia de placas, luces y mucho menos seguros.
Esta mala conducta, de nuestros conductores, deja mucho que desear de una sociedad, que sabe perfectamente los efectos de sus decisiones, que ve a diario, los accidentes de tránsitos y sus consecuencias. Donde tuvimos mas muertes por accidentes que por la pandemia, donde además de los muertos y heridos, la gran cantidad de dominicanos que se lesionan, con miles de millones de pérdidas.
Ahora bien, si a pesar de tener una nueva ley, mas amplia y moderna, seguimos con los mismos males o peores, las autoridades deben verificar, cual es la raíz del problema: ¿La educación, la falta de supervisión, la falta de aplicación de la ley con mas rigor? Porque no podemos seguir repitiendo los mismos errores, y lamentándonos, porque seguiremos incrementando los problemas y los costos sociales.
Por lo tanto, más que revisión técnica vehicular y seguro obligatorio, debemos pasar a revisar, si nuestros conductores están aptos y son responsables para conducir un vehículo en las vías públicas. Si nuestras autoridades están en la capacidad de aplicar la ley, y si la ley es la adecuada. Pero necesariamente, no podemos cruzarnos de brazos ante esta realidad que nos golpea constantemente.
Mostrado en demasía esta, que los accidentes de tránsito son el más grande problema de salud publica del país, que también, mantiene e incrementa la pobreza en muchos hogares, y mantiene un costo muy elevado para el Estado y súmele el descrédito y la mala imagen para el turismo, que utilizan y utilizaran nuestros competidores.
tAhora bien, la ley 63-17, demanda sanciones más drásticas que no se están aplicando, además de que no se están aplicando los montos establecidos ni cobrando todas las multas impuestas, y menos cancelando licencias y encarcelando violadores. Y ante las circunstancias, debemos pasar a otro nivel, si queremos que la situación no empeore, afectando la economía de las personas. El Intrant y Digesett, deben asumir el reto. Tenemos que cambiar, pero objetivamente.
