[dropcap]L[/dropcap]a Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) acaba de publicar los resultados de la medición de un Ranking de Competitividad del sector industrial, del último trimestre del 2015, en donde da cuenta de que la carga tributaria es el principal factor que afecta la competitividad de las industrias en el país.
Este resultado conduce, irremediablemente, a una discusión histórica sobre si las empresas dominicanas pagan pocos o muchos impuestos, si la presión tributaria es baja o alta, y si esta desincentiva o no la competitividad industrial.
Lo primero en lo que hay que convenir es que los impuestos no son graciosos y que se pagan por obligación. Lo segundo es que el Gobierno es cada vez más agresivo en el tema de recolección de impuestos y, obviamente, en la aplicación de la política fiscal por el lado de los ingresos.
De hecho, la productividad en el cobro de impuestos es cada vez más elevada, al tiempo que la evasión fiscal tiende a ser menor.
De su lado, los empresarios ven los tributos como un costo adicional con el que tienen que lidiar, sobre todo cuando entienden que se les devuelve muy poco o nada en forma de gasto público.
Los empresarios también entienden que la presión fiscal es alta en el país (alrededor de 20% del producto interno bruto), y que el anticipo está ahogando a las pequeñas y medianas empresas, lo cual tiene mucho de verdad.
Sin embargo, no se puede aplaudir que la voracidad impositiva estatal incida negativamente en la capacidad de competir de las industrias dominicanas, sobre todo cuando la situación actual del entorno internacional ya es suficiente para generar incertidumbre.
Sin empresas no hay empleo, ni ingresos, ni consumo y tampoco impuestos, y esto deben saberlo los recaudadores.
Y no se trata de que las empresas no cumplan con sus obligaciones tributarias, sino de que haya un equilibrio entre la necesaria expansión competitiva de las industrias y lo que estas deben devolver de sus ganancias para fines de redistribución del ingreso.
La economía crece cuando las empresas invierten y adquieren nuevos insumos de la producción, y también cuando aumentan su valor exportable, por lo que siempre es conveniente que el Estado las incentive y procure que el valor que agregan sea cada vez mayor.
No se debe olvidar que el Estado es un facilitador, y que su rol de cobrador de impuestos se justifica cuando existe un clima adecuado para realizar negocios, y cuando se posibilita que el mercado funcione y que las empresas sean competitivas.
