[dropcap]T[/dropcap]enemos décadas escuchando promesas de solución al problema eléctrico, las cuales no se han materializado, más bien han creado una frustración y escepticismo colectivo. Solucionar la crisis del sector eléctrico implica voluntad, experiencia, grandes inversiones y decisiones firmes.
De igual manera, se necesita de un liderazgo público y privado con una visión glocal (global y local) de cómo funcionan los mercados eléctricos aquí y en otras partes del mundo.
Antes del proceso de reforma del sector eléctrico (capitalización), iniciado en junio de 1997, teníamos una industria eléctrica verticalmente integrada con una muy escasa participación privada, donde la otrora Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) era responsable de la generación, transmisión, distribución y, por ende, de la definición de la política energética del país.
Hoy día, luego de varios procesos de contrarreforma, la participación del sector público y privado en la industria eléctrica no dista mucho de la realidad que había antes del proceso de capitalización.
La propiedad pública eléctrica está compuesta de la siguiente forma: empresas distribuidoras, Edenorte, Edesur y Edeeste, 100% del Estado; empresa hidroeléctrica, Egehid, 100% del Estado; empresa de transmisión, ETED, 100% del Estado; EGE Haina, 62% estatal; EGE Itabo, 50.1% del Estado; en cuanto a la participación del sector privado en el sector eléctrico, tenemos la siguiente composición: EGE Haina, 38% privada; EGE Itabo, 49.9% privada; y el resto de la generación que representa el 50% de la capacidad instalada actual es propiedad privada.
En términos de las utilidades netas o beneficios que recibe el Estado de las empresas generadoras de capital mixto (EGE Haina y EGE Itabo), podemos señalar que por cada 100 pesos dominicanos que EGE Haina genera de utilidad bruta, 76 ingresan al Estado en beneficios e impuestos. En el caso de EGE Itabo, recibe el 50.1% de beneficios más los impuestos de los beneficios de la parte privada.
Por eso queda claro que esta alianza público-privada no es un mal negocio para el gobierno, ya que si estas empresas obtienen buenos beneficios, el Estado obtiene la mayor parte de estos.
Inversiones
Es evidente que el sector eléctrico requiere de grandes inversiones para llevar a cabo los proyectos necesarios en las áreas de generación, transmisión y distribución. Ante esta realidad nos preguntamos, ¿puede el sector público financiar todas las inversiones con recursos propios o financiamientos? El déficit fiscal acumulado en los últimos 15 años es alto, lo que ha derivado en un endeudamiento público interno y externo que hace poco viable que el gobierno disponga de recursos para financiar todas las inversiones que requiere el sector.
¿Puede el sector privado financiar todas las inversiones con recursos propios o financiamientos? Obviamente que no. Bajo la estructura actual, el sector privado no tiene radio de acción ni influencias en la toma de decisiones de la industria más allá del ámbito de la generación. Por lo antes dicho, será difícil canalizar y hacer inversiones en áreas que no controla ni tiene incidencia como es el caso de la distribución.
Además, el capital privado invierte bajo la lógica económica que espera un retorno a su inversión, y en la lógica de las empresas públicas la historia demuestra que ese no es el criterio que prima en sus operaciones.
Beneficios
Las alianzas público-privada que reditúan beneficios mutuos son aquellas que se ampara en un Estado de derecho que cumple, respeta las leyes y las regulaciones; donde existe una clara definición de políticas públicas; donde existe continuidad del Estado ante cambios de gobiernos; donde impera la racionalidad económica en las inversiones y se asume como meta la sostenibilidad financiera de las empresas; donde existen acciones sociales focalizadas para los más vulnerables; donde se respetan los espacios de uno y otro; donde existe transparencia; donde ambos sectores contribuyen a fortalecer la responsabilidad del ciudadano en el uso del servicio. Si esos factores son impulsados y cumplidos de manera mancomunada, es muy probable que fluyan todos los recursos financieros e inversiones necesarias para solucionar la crisis del sector eléctrico.
En tal sentido existen ciertos esquemas donde el sector privado financia, administra y el gobierno es propietario; otros donde el gobierno financia, es propietario y el privado administra; u otros donde la propiedad del activo y el financiamiento son mixtos y la administración privada, así como otras combinaciones.
En el pasado, se han planteado iniciativas y esquemas de inversión público privada para el sector eléctrico. La más reciente la hizo Rolando González Bunster, presidente de InterEnergy y pionero en la generación eléctrica privada, quien en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio ofreció al gobierno colaborar con experiencia, esfuerzos y financiamientos en la búsqueda de soluciones al déficit financiero y operacional de las empresas distribuidoras.
¡Ahí está la propuesta! Veremos cómo reacciona el presidente Danilo Medina y el gobierno ante el pedido que había hecho en diciembre del año pasado en el mismo escenario, donde solicitó la colaboración del sector privado para invertir juntos bajo un esquema o alianza mixta público privada.
