El sistema financiero dominicano recuperó al cierre de junio de 2022 los 130,000 usuarios con crédito bancario perdidos durante los meses de confinamiento por la pandemia de covid-19 y alcanzó los 2.07 millones de deudores, informó este jueves la Superintendencia de Bancos (SB).
Al cumplirse dos años de su gestión, el titular de la institución, Alejandro Fernández W., expuso que la cantidad de deudores de la banca dominicana era de 2.06 millones al cierre de diciembre de 2019, cayendo a su punto más bajo, 1.93 millones, en abril de 2021 y repuntó hasta los 2.07 millones en junio de 2022, con una perspectiva alcista.
Fernández W. afirmó que el sistema financiero dominicano “exhibe uno de los niveles de riesgo de crédito más bajos de Centroamérica, con la mayor cobertura de cartera vencida, menor morosidad y la mayor aceleración en el crecimiento de provisiones de toda la región”.
Al 30 de junio pasado, la cartera de créditos se colocó en 1.52 billones de pesos (unos 28,200 millones de dólares), registrando un crecimiento del 19.6% con respecto a agosto de 2020.
En cuanto a los activos totales del sistema, crecieron un 27.6% en el mismo periodo, al pasar de 2.25 billones (41,743 millones de dólares) a 2.87 billones de pesos (53,246 millones de dólares).
Además, a propósito del contexto de crisis, el ente supervisor ha apoyado al Estado con la transferencia de recursos, y desde 2020 hasta la fecha ha aportado casi 6,000 millones de pesos de sus ingresos a la Cuenta Única del Tesoro para ser contemplados en el Presupuesto General del gobierno central.
El superintendente de Bancos resaltó las acciones realizadas para procurar la integridad del sistema financiero dando apoyo “continuo y constante” al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Cámara de Cuentas, como conducto para la canalización de información financiera y la congelación de productos requeridos por las autoridades competentes.
Entre agosto de 2020 y agosto de 2022 se atendieron 3,914 solicitudes de información de autoridades y sujetos competentes, de las cuales un 78% corresponde a solicitudes del Ministerio Público.
En materia de supervisión, regulación y disciplina del mercado, se han revisado las principales normativas, lo cual servirá “de cara a la próxima evaluación mutua que el país recibirá del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), pautada para el año 2023”, informó la institución.
