Los partidos políticos son esenciales y necesarios para una democracia fuerte, que conduce a la paz social y el crecimiento del país. Pero el financiamiento de los partidos políticos sigue siendo un tema que requiere de mucha consideración, y vuelve a ser objeto de consideración pública ante las graves imputaciones realizadas en conexión con la denominada “Operación Calamar”, en la que se alega que estructuras criminales financiaban las campañas de políticos dominicanos. Sin embargo, este tema no es nuevo, y ha surgido en varios momentos y en contextos de debates nacionales, sin que se haya logrado una resolución satisfactoria al mismo.
En primer término, la ley de partidos políticos establece topes máximos de aportes por personas, prohíbe las donaciones por sociedades y requiere que los partidos lleven registros de sus ingresos y donantes. No obstante, estas previsiones no están siendo observadas de manera cabal, ni tampoco se está fiscalizando el cumplimiento de estas normas. De hecho, en conexión con la reforma a la ley de régimen electoral, se propuso modificar la ley de partidos políticos, pero no fue posible hacerlo.
Aunque estas disposiciones son un buen punto de partida, y se deben aplicar de manera taxativa, también es cierto que las mismas normas pudieran ser más robustas y completas.
En nuestro país se financia, de manera parcial, a los partidos políticos con fondos públicos, pero no queda clara la relación entre este financiamiento público y las limitaciones de financiamiento privado, otro aspecto que debe ser normado, aclarado, y que forma parte de una completa normativa en la materia.
En conexión con los debates de la ley de prevención de lavado de activos en el año 2017, algunos juristas propusieron que los partidos políticos fuesen clasificados como “sujetos obligados” para fines de la ley. No obstante, hubo oposición de parte de varios segmentos de la vida nacional (y en particular de los partidos políticos), alegando que no era necesario, porque a través de esas organizaciones no se “lavaban” fondos.
Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a aquellos que han clamado porque los partidos sean designados como sujetos obligados, ya que, efectivamente, a través de algunos, se han presuntamente dado casos donde el dinero ilícito ha sido utilizado para comprar influencia y poder político. De hecho, ni sería necesario modificar la ley para estos fines, ya que establece que el consejo encargado de aplicarla puede designar otros entes como sujetos obligados mediante resolución.
Uno de los elementos de mayor dificultad para implementar y, en ciertos estamentos, discutir este tipo de propuesta es que se traduce en una crítica al sistema de partidos que ha llevado a los legisladores y a otros representantes electos nacionales a sus respectivas posiciones.
Pero es una conversación necesaria, pues la integridad del sistema de partidos políticos es de primordial importancia para la institucionalidad y democracia de República Dominicana, pues es a través de estas entidades surgen los representantes electos en nuestro país. Si no nos abocamos a mejorar el sistema de control de financiamiento de partidos políticos, las consecuencias pudieran ser muy serias para el futuro de nuestro país.
