La Ley 108-10 “Fomento a la industria cinematográfica de República Dominicana” establece que los productores acogidos al artículo 34 (incentivos a quienes invierten en las películas locales) captan a los inversionistas. Estos ejecutivos financian una partida del presupuesto aprobado por la Dirección General de Cine (DGCine) y como resultado el Estado deduce hasta el 100% del impuesto sobre la renta (ISR) a tributar por la empresa durante ese período, siempre y cuando no supere el 25% de su tributación.
Esta semana elDinero publicó el trabajo “La sostenibilidad del cine dominicano choca con la tasa de recuperación”, en el cual explica la rentabilidad de los largometrajes criollos frente a su inversión.
“La Ley es actualmente rentable y deja un margen de beneficios suficiente para poder seguir haciendo cine local. Los ingresos que el país recibe a través del artículo 39 cubren de sobra lo que se invierte en el artículo 34”, expresa el cineasta José Enrique Pintor.
Durante el 2022 se proyectaron 29 películas dominicanas que generaron ingresos de RD$101.5 millones por la venta de 363,665 taquillas. Esto equivale al 8.2% del presupuesto aprobado por la Dirección General de Cine (DGCine), que totalizó RD$1,237.8 millones.
Además, destacó que los ingresos generados por las producciones extranjeras que se acogen al artículo 39 de Ley de Cine cubran los gastos efectuados en las películas locales. Afirmó que “no” es lo mismo la rentabilidad de una película con inversión privada que un filme con financiamiento público.
