La Ley General de Defensa de la Competencia, marcada con el 42-08, es una de las piezas legislativas más importantes con que cuenta República Dominicana para garantizar derechos.
Es fundamental para que los agentes del mercado compitan en igualdad de condiciones, al tiempo de evitar las barreras de entrada al mercado, garantiza que más competidores participen en la oferta de productos y servicios de mejor calidad, lo cual se traduce en ventajas comparativas para los consumidores. Cuando el mercado funciona correctamente hay mejores precios y lo más lógico es que también el Estado, porque también compra y vende, sea beneficiado.
Una legislación como ésta, además, tiene los ojos bien puestos entre los agentes del mercado con mayor concentración, pues ahí es donde podrían darse prácticas anticompetitivas, como es el caso de la colusión, una de las más perjudiciales para los consumidores y productores.
Evitar que grandes actores del mercado se conviertan en abusadores de su posición dominante, dificultándole las oportunidades de hacer negocios de otros, es una de las tareas de esta legislación.
Con esto queremos decir que lo importante no es sancionar, lo fundamental es prevenir que sucedan estas prácticas que les quitan capacidad de competencia a los agentes del mercado. La prevención es mejor que la sanción en el mercado.
Es oportuno que se deje claro que la posición dominante no está prohibida, lo que sí se castiga es el abuso de esa posición en el mercado. Si un agente del mercado, por su capacidad de inversión e innovación, ha alcanzado una mayor participación en el mercado, no tiene nada de negativo. La razón de ser de un negocio es crecer y la de un mercado es garantizar oportunidades para que las empresas compitan, generando empleos y valor agregado para la economía.
Aquí entra en el escenario la abogacía de la competencia, que no es más que las acciones de vigilancia, análisis y recomendaciones realizadas por ProCompetencia para evitar que se presenten prácticas anticompetitivas. Lo hace a través de la vigilancia constante de los agentes del mercado, incluyendo los órganos que toman decisiones, tales como el Congreso Nacional, entidad con la cual mantiene estrechas relaciones para asesorarlo en proyectos de leyes que pudieran afectar la libre competencia.
Como se ve, el papel de ProCompetencia, más que sancionar, se centra en garantizar un mercado que ofrezca condiciones de competencia en igualdad de condiciones para todos. Sólo falta una cosa: pregonar a la opinión pública su importancia en la vida de la gente.
