El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que la construcción de un canal en Haití, que desviaría aguas del río Masacre, es ilegal, ya que no ha sido autorizado por el Gobierno de ese país ni consultado con República Dominicana.
“En nuestras comunicaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, inmediatamente nos dejó saber que el Gobierno, de parte del primer ministro Ariel Henry, no tenía nada que ver con esa construcción, que eso eran unos individuos que habían iniciado la construcción del canal por su cuenta”, expresó en una entrevista exclusiva con elDinero.
Álvarez indicó que en el caso de las aguas y ríos que dividen ambos países son compartidos, por lo que los Estados deben consultarse su uso, tal como lo establecen el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y el Protocolo de 1935.
El canciller dominicano puntualizó que de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la construcción de un dique en el lado haitiano provocaría inundaciones en Dajabón (República Dominicana) y Juana Méndez (Haití) en las temporadas lluviosas.
Otro de los efectos negativos en caso de que el canal se conecte con el Masacre, señaló, es una disminución en el flujo del agua hacia Montecristi, lo cual afectaría a agricultores dominicanos y haitianos.
Abinader también se ha pronunciado sobre el río Masacre
De su lado, el presidente dominicano Luis Abinader ha expresado en varias alocuciones, desde su discurso pregrabado publicado el domingo hasta su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que el desvío de aguas del río es “ilegal, unilateral e inconsulto”. Aseguró, además, que viola los tratados fronterizos firmados por ambas naciones en 1929 y, posteriormente, revisados en 1936.
El gobernante afirmó que ese proyecto haitiano podría afectar el cauce del río Dajabón (Masacre) en la zona baja, perjudicaría alrededor de 14,000 tareas de terreno cultivable en suelo quisqueyano y 10,000 tareas en Haití, pero que benefician a más de 260 agricultores dominicanos.
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