Las normas de protección al consumidor fueron una de las grandes conquistas en materia de asegurar la equidad entre los suplidores de productos masivos, de un lado, y los consumidores, del otro lado. Estas disposiciones nacen de una necesidad real de establecer nuevas normas para resarcir a consumidores ante situaciones de contingencias que surgen en una economía globalizada, donde la producción de productos y servicios en muchos casos es muy lejos del lugar donde son consumidos.
Es por esto que las mismas empresas multinacionales y grandes productores empezaron a reconocer que contar con normas de protección al consumidor es buen negocio, pues establecen reglas claras para todos, y de esta forma, reduce la contingencia legal que pueden enfrentar en la comercialización de sus bienes y servicios. Sin embargo, a pesar de todos estos aspectos positivos y este consenso a favor de dichas normas, tenemos que evitar leyes que producen un efecto contrario, de encarecer y reducir la oferta de productos. Veamos un ejemplo.
Brasil es un país sudamericano dotado de una gran cantidad de recursos naturales y de una población que desea superarse. Sin embargo, este país también ha sido emblemático de normas rígidas que crean deficiencias estructurales en su economía, y dificultan hacer negocios en ese país, lo que se ha traducido en un bajo crecimiento económico y menos desarrollo para esa nación.
El código de protección del consumidor en Brasil es sumamente fuerte y contiene disposiciones que benefician a los consumidores más allá de muchos otras normas parecidas. Este código aplica para las aerolíneas que operan en Brasil, algo que también es inusual, pues en muchos casos este tipo de negocio no queda sujeto a las normas generales de protección al consumidor.
Debido a este escenario legal, las aerolíneas que operan en Brasil enfrentan entre 8,000 y 10,000 demandas por año, por temas tan sencillos como retrasos en el vuelo o pérdida de equipaje, y los demandantes, que suelen ganar alrededor del 80% de los casos, reciben aportes por daños que oscilan entre US$1,600 a US$3,000 por demanda. Una aerolínea se estima que es 800 veces más probable de ser objeto de una demanda en Brasil que en cualquier otro país (98.5% de las demandas contra aerolíneas se ventila en Brasil).
El efecto de este clima negativo es que se está reduciendo la cantidad de vuelos a Brasil, y los costos de pasajes han aumentado más del 65% recientemente. Y es de esperarse que un marco legal tan agresivo tenga un efecto económico adverso que, en el fondo, termine afectando a los consumidores.
Esta es la gran dificultad del tema de protección al consumidor: es una herramienta valiosa, necesaria, parte de una sociedad moderna y organizada, pero si la protección crea excesivas trabas y costos para los negocios, se termina reduciendo la oferta de productos o aumentando los costos para los consumidores, o ambas cosas. El caso de Brasil es solo un ejemplo, pero debemos analizar las mismas normativas en la materia en nuestro país, para asegurar que siempre estemos procurando encontrar el delicado punto medio entre ambos fines, por el bien de todos.
