Producir comida ha de ser siempre una prioridad para cualquier país. La actual gestión de Gobierno lo ha dejado bien claro en más de una ocasión. El apoyo al campo es parte de la política de desarrollo de esta administración y de eso no hay duda.
La insularidad nos obliga a garantizar la producción de lo que demanda el mercado local, por lo menos en una proporción que evite la incertidumbre cuando hay inestabilidad global.Sin embargo, si hay una forma de demostrar que coherencia entre lo que se hace y se predica, es justamente el crédito que ha de apoyar a quienes tienen la tarea de garantizar alimentos. Los datos son elocuentes.
La cartera de crédito del Banco Agrícola, que es la entidad del Estado encargada de financiar a los sectores que en su etapa primaria cultivan la tierra, cayó en un -2.9%, al pasar de RD$34,741.7 millones en 2022 a RD$$33,190.6 millones en 2023, lo que implica una diferencia neta de RD$1,023.5 millones.
Al bajar el crédito destinado a la producción de alimentos, también disminuye la cantidad de tierra destinada a esta actividad productiva. Los datos establecen que la superficie financiada también disminuyó en un 14.1% al pasar de 1,584,745 a 1,361,380 tareas, es decir, se redujo en 223,365 tareas.
Tomado cono referente, el informe “Estadísticas crediticias de 2023”, que anualmente prepara el Banco Agrícola, la superficie financiada disminuyó en al menos 23 provincias, es decir, en un 72% del territorio. Aquí se destacan la caída de un -77.9% en Santo Domingo, un -55.7% en Monseñor Nouel, el -46.8% en Samaná, -41.6% en La Altagracia y el -38.2% en San Cristóbal. La reducción promedio fue de un -14.1%. En cuanto al monto, las caídas más pronunciadas se dieron en San Cristóbal (-47.6%), Monte Plata (-41.3%) y El Seibo.
En cuatro, de las seis regionales, hubo una caída en los desembolsos dirigidos a financiar la actividad productiva en el campo. Esto, por supuesto, debe llamar la atención.
La reducción en más de RD$1,000 millones entre un período y otro resulta significativa, toda vez que el Banco Agrícola tiene una responsabilidad estatal de apoyar a productores que, por lo general, no acuden a la “gran banca”.
La actividad agrícola es de alto riesgo. Por eso, los requisitos son difíciles de superar para acceder al crédito que ofrecen las entidades de intermediación financiera del sector privado. Por su naturaleza, la banca privada financia más a la agroindustria y áreas de bajo riesgo.
