Con las palabras del consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el sentido de que el Presidente le había instruido preparar y proseguir con la propuesta de modificación constitucional, nuestro país se avoca nuevamente a conocer de esos cambios. Pero este más reciente deseo de cambiar los términos sustantivos del derecho de nuestro país nos plantea la interrogante: ¿es realmente necesaria o recomendable otra modificación constitucional?
Uno de los principales argumentos a favor de la reforma es precisamente el hecho de que la Constitución se ha reformado muchas veces, y se deben poner “candados” para hacer más difícil su cambio. Con esta tesis hay que tener mucho cuidado, pues si bien pudiera parecer como lógico, puede llevar a osificar la Constitución y propiciar una crisis institucional en un futuro.
Ahora bien, sí hay legítimas y reales mejoras al sistema constitucional actual que pudieran y deberían ser abordadas. Por ejemplo, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y sus poderes deben ser revisados y mejorados. Hay cuestiones de fondo en ese órgano que han sido discutidas en varias ocasiones.
Igualmente, aunque no hay sistema perfecto o idóneo, debemos ponderar la posibilidad de que el procurador general de la República sea designado mediante un sistema alterno más eficaz para su independencia. Asimismo, hay cambios (como una legislatura unicameral) que serían idóneos para nuestro país, aunque no vemos mucho interés actualmente de abordar propuestas que reduzcan los cargos públicos.
Sin embargo, el partido de gobierno, ahora favorecido con una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, puede imponer sus deseos no solo a nivel legislativo, sino también en cuanto a la modificación constitucional. Estará por verse si los frecuentes pronunciamientos del Presidente en el sentido de que no se volverá a postular y que esta modificación no será para habilitarle esa posibilidad, porque ciertamente ese accionar es común en nuestra historia.
El peor de los escenarios sería de que se coloquen “candados” para hacer más difícil la futura enmienda de la Constitución, pero a la vez, se aprueben modificaciones que favorezcan al partido o gobernante actual. Este tipo de resultado pondría en juego la estabilidad política y social de nuestro país, y resulta muy poco atractivo.
Además de las consideraciones expuestas, también es menester resaltar que todavía quedan leyes pendientes de la Constitución del 2010 -la cual fue una transformación legal en ese momento- así como reglamentos de leyes ya promulgadas, que deben ser aprobadas. No es por esta razón que no nos debemos abocar a mejorar nuestra ley suprema, pero sí invita a reflexionar sobre la necesidad de cumplir con lo que ya está escrito antes de querer imponer nuevas obligaciones.
Las constituciones no deben ser vistas como instrumentos rígidos, que no pueden ser adaptados para las exigencias de las sociedades a las que sirven. Pero tampoco pueden ser “un pedazo de papel”; tienen que ser el ancla sobre la cual el Estado democrático es construido. En este caso, hay una interesante oportunidad de hacer ciertas mejoras que esperamos no sea desperdiciada por gobernantes de turno.
