La reforma fiscal ha copado la opinión pública. Las opiniones, propuestas, quejas, sugerencias y análisis están a la orden del día. El Gobierno está ante el que quizá sea su principal reto y prueba en términos de lo que significará ante la ciudadanía.
Aunque todos los sectores están conscientes de la necesidad de una reforma a nuestro sistema tributario, sin olvidar que el gasto del Gobierno debe ser incluido, lo cierto es que, al parecer, cada cual le huye como el diablo a la cruz. La necesidad de mejorar los niveles de ingresos, todo con el objetivo de cubrir el déficit y aumentar la inversión de capital, es entendida por todos. Sin embargo, nadie está dispuesto a sacrificarse en la medida que exigen las circunstancias.
El Gobierno no quiere bajar el gasto (y no puede) aunque quiera, pudiendo implementar mejoras en la calidad; los empresarios alegan que la reforma debe ser equitativa y que en muchos casos no aguantan un ápice más de carga, mientras que los consumidores, a veces sin voces autorizadas, podrían estar a la defensiva, pero sin mucho espacio para quejarse.
Nadie quiere soltar. Sectores como turismo, zonas francas, construcción, energía, agricultura, telecomunicaciones y comercio, por citar algunos, tienen sus particularidades. Aunque la carga o presión tributaria respecto al producto interno bruto (PIB) no supera el 15%, en términos directos la realidad indica que los impuestos y tasas realmente representan un reto para la mayoría.
Sin embargo, hay que ser honestos y directos: la reforma fiscal en discusión, aunque oficialmente no hay una propuesta presentada desde el Gobierno, ha de ser progresiva. Desconocemos su contenido, pero a juzgar por el intento de 2021, todo indica que hay pistas creíbles.
El tiempo transcurrido, desde ese primer intento a la fecha, hay que verlo como un lapso positivo para tomar mejores decisiones respecto a cómo tocar a algunos sectores y actividades económicas, especialmente aquellas que afectan directamente a los que menos pueden. Es deseable, ante todo, que la reforma sea progresiva, es decir, que paguen más quienes más pueden. Ahora bien, el hecho de que paguen según sus posibilidades los que mayor poder adquisitivo tienen, no significa que se pondrá en riesgo su competitividad, ya que eso es justo lo que los hace ser fundamentales en la generación de valor.
Esta reforma también debe apostar más a la transparencia, especialmente por los profesionales independientes que generan ingresos fuera de todo radar del Estado. Resulta injusto que profesionales de la medicina generen millones de pesos fuera de la contabilidad del fisco, a pesar de que tenemos un sistema de salud que debería establecer reglas en ese orden.
La reforma debe ser progresiva, pero también debemos apostar a la eficiencia de las distribuidoras de electricidad, pues sus pérdidas históricas no hacen más que demostrar que la política aún sigue en estas empresas. En fin, la reforma debe ser bien pensada para que sea sostenible en el tiempo.
