[dropcap]R[/dropcap]ecientemente se ha planteado la posibilidad de que inversionistas privados, ya sean locales, extranjeros o una combinación de éstos, puedan comprar una participación de hasta un 49% en las plantas de carbón que el Gobierno central construye en Punta Catalina.
Sin embargo, aún no se ha precisado la metodología que sería utilizada para llevar a cabo esta estrategia.
En primer término, se debe precisar cuál será la estructura jurídica que será utilizada para llevar a las plantas de ser propiedad del Estado a una forma que permita la concurrencia de inversionistas privados.
Es muy probable que ello requiera que se constituya una sociedad comercial o un fideicomiso de oferta pública al cual el Estado le aportaría los terrenos, las mejoras y los contratos que constituyen el proyecto.
Luego se deberá planificar un proceso de oferta pública de compra de la participación en el proyecto que sea conforme a los requerimientos de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. En este sentido, deberá ser un proceso transparente y con reglas fijadas previo a su inicio.
Una vez se haya diseñado el proceso de licitación tal como lo requiere la ley, se tendrá que realizar la oferta de compra dirigida a los inversionistas.
Debido al monto envuelto –el cual se proyecta de ser US$1,000 millones– es muy probable que se deba contar con la asistencia un banco de inversión internacional para captar fondos extranjeros. En caso de que sea estructurada como un fideicomiso de oferta pública en el país, los bancos dominicanos también podrían contar con una importante participación en el proceso.
En cuanto a la relación entre los inversionistas privados y el Estado dominicano –el cual sería el propietario de la mayor parte del capital accionario del proyecto– se haría necesario suscribir un acuerdo de accionistas o algún otro documento que recoja la relación entre ambas partes.
Es muy probable que los inversionistas exijan que cualquier disputa con el Estado sea dirimida mediante el uso del arbitraje internacional.
Por último, resulta interesante considerar la posibilidad de que participen conjuntamente el capital privado y el capital público en una industria altamente regulada y que cuenta con una importante participación el Estado (pues ya éste es el propietario de las empresas de transmisión y distribución de energía eléctrica).
Esta situación será única, ya que en ninguna de las otras empresas en las que participa el Estado, el mismo tiene una incidencia tan preponderante. Sin embargo, esto podría considerarse como un incentivo a la inversión privada, ya que los intereses del Estado, que regula y controla el sector, y de los inversionistas parecieran estar alineados.
