Más allá de las elucubraciones estadísticas, de las justificadas metas de asegurar la sostenibilidad fiscal, eliminar el déficit público y reducir la deuda, así como de eficientizar la labor recaudatoria del Estado/Gobierno y, al mismo tiempo, elevar la calidad del gasto, el diseño y la implementación de una reforma fiscal es una tarea difícil y compleja para cualquier hacedor de políticas públicas.
En efecto, cuando se pretende, desde el gobierno, modificar el statu quo, establecer nuevas reglas de juego, eliminar las distorsiones en el sistema tributario, incluyendo las exenciones y exoneraciones gravosas que solo benefician a particulares, aparecen los grupos poderosos que se benefician del sistema actual, los cuales ejercen presión a través de diferentes medios y estamentos de poder. Además, los políticos, que dependen del apoyo de estos grupos, a menudo temen perder votos o financiamiento para sus campañas futuras si impulsan reformas fiscales que afectan intereses establecidos.
Otro elemento que tiene lugar en muchos países en desarrollo es que existe una profunda desconfianza hacia los gobiernos, debido a la presunción de corrupción o la mala gestión de los fondos públicos, llevando a la población a resistirse a pagar más impuestos o aceptar una reforma fiscal si no cree que los fondos serán utilizados de manera eficaz o en beneficio de todos. También, la elusión y la evasión fiscal agravan este problema, toda vez que se le pide a la administración tributaria que, previo al establecimiento de nuevas figuras tributarias, se reduzcan los niveles de incumplimiento tributario.
Adicionalmente, en los países de la región el tamaño de la economía información es otra variable que contraviene el éxito de cualquier reforma fiscal, ya que se dificulta la recaudación de impuestos, pues empresas y trabajadores informales suelen escapar del sistema fiscal, limitando el impacto de la reforma de marras.
Otro tema es que las reformas fiscales que implican aumentar determinados impuestos, como el ITBIS, pueden tener un impacto desproporcionando en las personas de menores ingresos, lo que genera resistencias sociales. Es por ello por lo que casi siempre las reformas fiscales traen consigo mecanismos de compensación, pues si esto no ocurre pueden aumentar la pobreza y la desigualdad.
El chantaje de determinados sectores es otro factor de importancia que atenta contra cualquier reforma fiscal que busca, entre otras cosas, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, principalmente, de los precios internos y de la tasa de cambio.
Muchas veces esto se origina hasta en las propias instituciones de la administración pública, sobre todo cuando se unen intereses privados con individuos que están en el tren gubernamental los cuales, se sabe, son hilos umbilicales difíciles de detectar.
Por todo lo anterior, cualquier reforma fiscal que se quiera implementar, requerirá de un amplio consenso social y político para ser efectivas. Si la población no entiende o no está de acuerdo con los objetivos de la reforma, es probable que haya una fuerte oposición que dificulte su implementación.
Ahora bien, las reformas fiscales no son un capricho de los gobernantes ni pueden serlo; estas comúnmente están dirigidas a garantizar un crecimiento económico en el futuro cercano, lo mismo que a construir un sistema tributario más progresivo y que lesione menos a los sectores vulnerables. Y a eso debemos apostar.
