El surgimiento y crecimiento explosivo de la economía digital se ha caracterizado, entre otros fenómenos, por un aumento exponencial de las compras -tanto de bienes como de servicios- que realizan los consumidores finales de un país a empresas del exterior sin presencia física en dicho país, básicamente a través de las plataformas digitales (Amazon, Shein, Netflix, Uber, Airbnb, etc.).
Según estimaciones realizadas a partir de la información del portal de datos Statista, las compras online de bienes realizadas por consumidores dominicanos alcanzaron un monto de US$1.161 millones en 2023, equivalentes a un 6% de las ventas gravadas con ITBIS del sector comercio en 2023. Este volumen fue 2.5 veces mayor al del 2017 (US$471 millones), lo que evidencia su significativo crecimiento.
La economía digital es imparable; querer detenerla sería tan equivocado como inútil. Pero lo que sí corresponde es que el gobierno se asegure de que la economía digital compita en igualdad de condiciones con la economía local, y no deslealmente.
En este sentido, el comercio local formal de República Dominicana sufre, desde hace ya demasiados años, la competencia desleal que supone que las compras online menores a US$200 estén exoneradas de arancel, ITBIS y, si correspondiese, Impuesto Selectivo al Consumo, mientras que las ventas equivalentes del comercio local están gravadas con arancel y todos los impuestos internos.
Debido a esta competencia desleal, un producto comprado online al exterior resulta entre 30% y 40% más barato que el mismo producto comprado en una tienda local. Dado que el costo del Courier es por peso y no por valor, cuanto más caro el artículo, más amplia la brecha. La pérdida de competitividad producto de esta competencia desleal es realmente significativa, sobre todo si se tiene en cuenta que la amplísima mayoría de las ventas del comercio local formal no superan los US$100.
El comercio local formal ha tenido, además, que remar contra otras adversidades. Por ejemplo, en la última década, aproximadamente dos de cada tres empleados en el sector comercio ha sido informal. Es cierto que una parte de este comercio informal se explica por cuentapropistas que se mueven en una economía paralela, de subsistencia, que no compite en el mercado.
Pero también es muy cierto que otra parte responde a comerciantes que evaden cargas sociales e impuestos como forma (ilegal) de ser más competitivos y, de ese modo, robar mercado a los formales. Por ejemplo, la competencia desleal de algunos de los comerciantes -y ahora también fabricantes- de nacionalidad extranjera salta a la vista. Estos contribuyentes, que se han mostrado difíciles de gravar (hard to tax), deberían ser obligados a implementar la factura electrónica de inmediato.
Además, hay algunos regímenes que, aunque puedan estar bien intencionados, abren una oportunidad para prácticas irregulares que desplazan (deslealmente) al comercio formal, como las pacas y las mudanceras.
El gobierno ha anunciado que entre los objetivos centrales de la reforma fiscal están la modernización tributaria y establecer las mismas reglas de juego para todas las empresas. Son buenas noticias para el comercio formal.
En efecto, una modernización técnica del sistema tributario exige que las compras por Internet de menos de US$200, actualmente exoneradas, sean gravadas con arancel, ITBIS y, si correspondiese, Impuesto Selectivo al Consumo. ¿Por qué? Porque no hay dudas de que se trata de importaciones y, por tanto, deben ser gravadas según el principio de destino, es decir, donde se consumen los bienes. Es la misma razón que justifica gravar con ITBIS a los servicios digitales.
Pero, además, modernizar el sistema tributario supone ponerlo en línea con los avances introducidos por las demás legislaciones. Y en este punto no cabe duda alguna: esta exoneración -llamada de minimis- está desapareciendo en el mundo. En julio de 2021, la Unión Europea la derogó, pese a que solo era de ¡22 euros!, y la amplísima mayoría de los países de América Latina son más estrictos que República Dominicana.
Por otro lado, el objetivo de nivelar el campo de juego, estableciendo las mismas reglas para todos los jugadores, también exige que la exoneración se derogue, porque implica una competencia desleal para el comercio local formal y porque tiene un sesgo regresivo: son los sectores de mayores ingresos quienes realizan esas compras online.
La competencia justa es una preocupación central de los países con economía capitalista, que son la amplísima mayoría. De ella depende el futuro del comercio formal de República Dominicana.
