Este proceso inicia con un simple ejercicio financiero de confrontar ingresos y gastos. Si de manera sostenida los gastos son mayores que los ingresos, tienes dos alternativas o aumentas ingresos o reduces gastos. Ambas alternativas tendrán sus costos y beneficios de corto y largo plazo.
Extrapolemos esto a las finanzas públicas. Si tomamos el desempeño financiero del Gobierno central presupuestario de las últimas dos décadas, solo se generó superávit fiscal (ingresos > gastos) de 0.3% de PIB en 2007. Durante estas mismas dos décadas, los gastos se multiplicaron a razón de 26 veces mientras que los ingresos lo hicieron a razón de 21 veces. La brecha ha sido financiada a través de aumentos de pasivos en la forma de préstamos, bonos y cuentas por pagar.
El Gobierno intentó amortiguar el efecto de la reforma tributaria (“modernización fiscal”) con iniciativas transversales que buscan, entre otros elementos, un gasto público más focalizado, transparente y necesario con la implementación de una regla fiscal y la modernización de la Administración pública. Sin embargo, la reacción social al proyecto de reforma tributaria produjo fuertes cuestionamientos del por qué y para qué de una reforma.
El por qué es evidente buscando dos objetivos: 1) disminuir la brecha entre ingresos y gastos públicos y 2) obtener recursos adicionales para futuras iniciativas. El para qué tiene múltiples dimensiones convergiendo todas al aumento de las recaudaciones tributarias. La primera dimensión busca la revisión y actualización del propio código. La segunda dimensión busca mayor equidad vertical y la tercera busca la disminución del gasto tributario. El análisis del para qué queda para otro artículo.
El por qué de la reforma amerita un mayor nivel de análisis, ya que mientras las autoridades apuntaban a cerrar la brecha con más ingresos, la sociedad exigía que fuese a través de menos gastos. En ese sentido, ¿es aún posible generar un suficiente espacio fiscal sin reforma? Más aún, ¿será posible la coexistencia de ambas posturas que buscan más ingresos y menos gastos? La respuesta a la primera pregunta es negativa porque si bien es posible, hay elementos en el código tributario que deben ser revisados ahora para disminuir la distorsión del estado en el crecimiento económico. La respuesta a la segunda pregunta sobre la coexistencia, sí, es posible su coexistencia con un denominador común: Tecnología.
Por el lado de los ingresos fiscales, la puesta en marcha de iniciativas que apunten a la reducción de la evasión, elusión e incumplimiento tributario son, hoy, menos costosas desmontando la narrativa tradicional de la baja efectividad de programas de reducción de informalidad e incumplimiento. Si en este escenario se compara el costo al beneficio de la interoperabilidad, por ejemplo, entre agencias y sistemas como la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, la Tesorería Nacional, la Tesorería de la Seguridad Social, el Sistema Integrado de Gestión Financiera, el sistema financiero y las telefónicas se cierran brechas que por razones de economía política hoy siguen abiertas.
Por el lado del gasto público, aplica lo mismo, el costo relativo de la gestión frente al beneficio ha disminuido y a través de la interoperabilidad de sistemas como los de nómina pública, pensionistas, beneficiarios de asistencia social, proveedores estatales, instituciones y empresas públicas, el sistema financiero y las telefónicas disminuyen el costo de intermediación y gestión de recursos públicos. Si bien cierra brechas, el costo agregado se traduce en menos personal, menos uso de bienes y servicios, eliminación drástica de instituciones públicas y una gestión proactiva de subsidios, donaciones, prestaciones y transferencias a la economía.
En síntesis, cada sistema se convierte en un nodo de inteligencia cognitiva que reduce fugas e ineficiencias y aumenta la calidad y velocidad de transacciones y operaciones fiscales. Lo interesante, es que el estado dominicano por razones extraordinarias empleó la interoperabilidad de sistemas para la identificación, determinación y pago de beneficios a través del FASE y el Pa’ Ti durante la pandemia con resultados probados y puestos en marcha en solo tres semanas. ¿Tendremos que esperar otra crisis? Lo dudo, aunque todo es posible. No obstante, no puede alegarse ni inexperiencia ni ignorancia en soluciones “fuera de la caja”.
Una verdadera modernización fiscal debe apuntar de manera férrea y contundente a traer nuevas soluciones a los mismos problemas de siempre. El uso de la tecnología debe comprenderse en su justa medida permitiendo: 1) un verdadero cierre de brechas de ingresos y gastos públicos y 2) una exploración genuina de una dimensión desconocida. Una verdadera modernización fiscal debe hacer comprender que para operacionalizar una política fiscal efectiva se requiere una administración pública financiera moderna, flexible y dinámica porque ambas son dos caras de una misma moneda. Mayores niveles de eficiencia no iban a lograrse con el proyecto ya que no contemplaba una modernización fiscal que apuntara a un cambio estructural en el gasto público. Si se quieren resultados diferentes, no hagan más de lo mismo, la sociedad a diferencia de otros momentos está despierta, empoderada y conectada exigiendo sus derechos. Solo es cuestión de voluntad política.
Por: Luis Teodoro Reyes Henríquez
