En República Dominicana, las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen aproximadamente el 98% del tejido empresarial, enfrentan múltiples desafíos que afectan su capacidad para aprovechar oportunidades y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Más del 85% de estas empresas, de 404,034 mipymes, operan en la informalidad, lo que no solo complica su acceso al crédito formal, sino que también las hace más susceptibles al lavado de activos debido a la escasa adopción de buenas prácticas.
Laritza Ferreiras Fernández, abogada especializada en cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos, señala que la informalidad (e incluso las formales) en este sector plantea retos para implementar eficazmente programas de cumplimiento. Esto, asegura, las convierte en potenciales víctimas del lavado de activos (LA) y del financiamiento del terrorismo (FT). De cara al futuro inmediato, Ferreiras destaca que estas dificultades están relacionadas con recursos financieros y humanos limitados, falta de sensibilización sobre la cultura de cumplimiento y escasa capacitación continua.
“Muchas pymes operan con márgenes ajustados, lo que dificulta la inversión en sistemas tecnológicos o en la contratación de personal especializado en cumplimiento”, explica Ferreiras. Además, muchas de es- tas empresas carecen de estructuras claras de gobernanza, lo que obstaculiza la designación de oficiales de cumplimiento y la implementación de controles internos.
“Al operar fuera del marco regulatorio, las pymes informales están expuestas a ser utilizadas como fachadas para integrar dinero ilícito en la economía formal, ya sea mediante actividades comerciales ficticias o mezclando ingresos legales con ilegales”, cita, al indicar que el efectivo dificulta la trazabilidad de las transacciones y facilita la incorporación de fondos ilícitos. La abogada también menciona que las pymes enfrentan menor presión regulatoria en comparación con grandes corporaciones y tienden a enfocarse más en cumplir con normativas laborales y fiscales locales. Ferreiras define un programa de cumplimiento como un conjunto de políticas y procedimientos destinados a asegurar que una organización cumpla con leyes y regulaciones aplicables para prevenir y gestionar riesgos asociados a actividades ilícitas. “Es una herramienta clave para fomentar la transparencia y la sostenibilidad en cualquier tipo de empresa”, dijo.
Al ser consultada sobre la obli- gatoriedad de estos programas, Ferreiras aclara que depende del sector y la jurisdicción. “En muchos países, incluidas las leyes dominicanas, se exige a las empresas en sectores suscep- tibles al LA/FT-como bancos, seguros e inmobiliarias- implementar programas de cumplimiento”, añade.
No obstante, incluso cuando no es obligatorio, contar con un programa es considerado una buena práctica para gestionar riesgos. Los sectores más propensos a implementar estos programas son el financiero incluyendo bancos, seguros y cooperativas y el no financiero como casinos, “dealers” y constructoras debido a su alta exposición al riesgo de lavado de dinero.
Ferreiras advierte que las pymes que no adopten programas adecuados para prevenir el LAFT pueden enfrentar graves consecuencias legales y económicas. Estas pueden incluir sanciones impuestas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o la Superintendencia de Bancos (SB), así como daños reputacionales que amenacen su viabilidad. En casos extre- mos, el incumplimiento puede llevar incluso al cierre definitivo de la empresa.
Indica que la falta de un enfoque proactivo hacia el cumplimiento no sólo pone en riesgo a las mipymes individualmente, sino que también puede tener repercusiones negativas para el ecosistema empresarial en en su conjunto. su conjunto. Ferreiras puntualiza que, para avanzar en esta área, se requiere una estrategia integral que combine sensibilización, educación, más apoyo técnico y supervisión continua. “Al abordar las barreras económicas, técnicas y de percepción, y fomentar una cultura empresarial de cumplimiento, las pymes estarán mejor equipadas para prevenir estos riesgos y contribuir a un sistema financiero más transparente”, dijo.
