El sistema tributario dominicano tiene aspectos que, si bien buscan la efectividad en la recaudación de determinados impuestos, también se prestan a favorecer a empresas grandes en detrimento de pequeñas, provocando, incluso, que terminen en la quiebra.
Se trata de una combinación de dos aspectos: el primero es que el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) debe realizarse a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con base en lo devengado y no en lo percibido. Esto quiere decir que, si usted factura una mercancía o servicio, debe pagar el ITBIS antes del 20 del mes siguiente, independientemente de que haya cobrado o no el monto facturado.
La idea con esto es cobrar el ITIBIS de forma efectiva y que los “agentes de retención” más que contribuyentes, no dejen de tributar alegando que no han recibido el pago correspondiente. Hasta ahí está bien, pues eso se torna justificable. El problema es que esa forma de cobro de un tributo debe estar acompañada de otras medidas tendentes a evitar que determinadas empresas tarden dos, tres y hasta seis meses para pagar las facturas a sus suplidores, especialmente cuando éstos son pequeños.
Veamos un ejemplo. En una provincia del Cibao había una pequeña empresa que se dedicaba a la producción de dulces. La propietaria vendía cantidades regulares que le alcanzaban para sobrevivir, pero no para crecer. En una ocasión recibió la información de una cadena de supermercados que le garantizó la compra de una cantidad considerable de dulces, lo que la haría expandirse y convertirse en una mediana empresaria. Esto así, porque le iba a suplir una cantidad que era diez veces más que sus ventas regulares.
Para cumplir con este compromiso, la señora tomó un préstamo bancario, adquirió maquinarias, alquiló un local más grande y contrató unos cuantos empleados más. Comenzó a suplir los dulces al supermercado y a facturar cada mes. El supermercado comenzó a tardarse para pagarle cada factura y, mientras tanto, ella tenía que pagar cada mes la cuota del préstamo, la renta del local, los salarios de los empleados y el ITBIS facturado. Sin capital para aguantar seis meses sin cobrar, ella terminó en la quiebra. Un negocio que obtiene un cliente que la puede llevar a crecer lo que hizo fue llevarla a la quiebra.
Eso no habría sucedido si en República Dominicana existiera una especie de “ley de pronto pago”, mediante la cual se estableciera la obligatoriedad de las empresas a pagar las facturas a sus suplidores en un plazo no mayor de 45 días, es decir, un mes y medio. Así se evitarían estos abusos de determinadas empresas, especialmente grandes cadenas de supermercados, con sus suplidores pequeños.
Otra opción es una ley de “factoring”, pero no como está ahora, que algunas instituciones lo implementan de manera sectorial. No. La idea es que sea una iniciativa general y a cargo del Estado, lo cual le garantizaría a la DGII una recaudación más efectiva y la reducción de la evasión.
¿Cómo se lograría eso? Pues, con una ley de “factoring” y una ley de pronto pago, el Estado puede notificar a todas las empresas formales suplidoras de otras que le reporten en tiempo presente cada factura emitida. Si al cabo de 45 días la empresa no le ha pagado al suplidor, el Estado le paga, para que pueda seguir operando; mientras, a su vez, le cae atrás a la empresa que no hizo el pago a tiempo, le aplica cobro de intereses y mora por cada día de atraso y la presiona para que pague.
Así, en forma combinada, el Estado, a través de la DGII, obtiene ingresos extras por las penalidades aplicadas a las empresas que se atrasen con sus suplidores; también tendrá un registro completo y constante de las compras que hacen esas empresas, por lo que habría menos desvío del reporte del ITBIS, es decir, menos evasión; además, garantizaría la continuación efectiva de operaciones de la empresa pequeña que es suplidora de la grande, pues estarían recibiendo su pago en 45 días garantizado por el propio Estado.
Aunque esto suena fácil en el papel, realmente es muy difícil de aplicar. Pero no es imposible. Lo que se requiere es la voluntad política para que grandes empresas operen dentro de las normas y no fuera, a cambio de dádivas en campaña, como han mal acostumbrado a la clase política
