[dropcap]L[/dropcap]a implementación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios Obras y Concesiones ha impactado de manera positiva el desenvolvimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, según un estudio elaborado por Jaime Aristy Escuder, profesor investigador del Área de Negocios del Intec.
Este impacto ha sido particularmente notable en los negocios regenteados por mujeres, quienes constituyen el 21.2% de los beneficiarios por compras gubernamentales, nivel muy superior al que existía antes de la aprobación de la ley. Es obvio que esto ha sido el resultado de que cada vez más las mujeres entran al mundo empresarial, y se arriesgan a invertir con mayor frecuencia que antes.
Algunos resultados hacen pensar que entre el Estado y las Mipymes existe un amorío de los más que sé yo, y todo parece ser una consecuencia del empuje que dan las compras del Gobierno. Por ejemplo, dice el 62.3% de las Mipymes encuestadas que no se necesita contacto político para ganar un concurso de los que realiza el Gobierno, en tanto el 72.6% indica que cualquiera puede ser contratista del Estado.
Pero el noviazgo entre el Estado y las Mipymes se consolida aún más cuando estas afirman, en un 58.9% de los casos, que sus ventas totales son mayores con posterioridad a su entrada como proveedor del Gobierno, incluso las que realizan al propio sector privado, lo que puede explicarse en un mejoramiento en el desempeño productivo de este tipo de empresa, impulsado por los requerimientos del proceso de compra.
Mejoras en la calidad del producto, en la eficiencia operativa, organización interna, imagen de la empresa, motivación y satisfacción de los empleados, son otros de los elementos que se plantean como valores agregados de los beneficiarios de las compras públicas.
Pero en donde los amores entre el Estado y las Mipymes puede fracasar, es si el Gobierno continúa con la mala práctica de pagarle de manera inoportuna, con evidente y preocupante retraso. Esto las lleva a financiarse con terceros, asumiendo un costo que, en algunos casos, se coloca a la par con el margen de ganancia que esperaban.
Del otro lado, este pago retrasado del Gobierno a las Mipymes implica una redistribución negativa desde el sector privado al sector público, situación indeseable de una política pública de oferta que busca fomentar la producción y crear nuevos empleos.
