“Reunirse es un comienzo; mantenerse juntos es un progreso; trabajar juntos es el éxito”. Henry Ford
Siguiendo el hilo del artículo anterior, uno de los reclamos más frecuentes de los suplidores es la creación de un canal formal para dialogar con la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
Dentro del propio instituto se entiende que ese diálogo no solo satisface la exigencia de transparencia, sino que también resulta decisivo para elevar la eficiencia y la calidad de los programas que la entidad tiene entre manos. Pocas voces nutren tanto la toma de decisiones como las de quienes garantizan cada día el suministro de bienes y servicios que sostienen la misión social del Inabie. Ese conocimiento permite afinar estrategias, ajustar modelos de intervención, perfeccionar pliegos de condiciones y detectar a tiempo cualquier disfunción.
Además, involucrar a las partes interesadas refuerza la rendición de cuentas y la observancia estricta de la Ley 340-06 y sus reglamentos. Cuando los suplidores participan en la identificación de obstáculos y en la búsqueda de soluciones, dejan de ser simples oferentes para convertirse en socios de la modernización institucional.
Esa filosofía expresa la visión del director Víctor Castro; sin embargo, todavía no se ha plasmado en un mecanismo estable y reglamentado de interlocución. La diversidad del universo mipymes explica parte de la demora: confluyen iniciativas constructivas con otras impulsadas por intereses, cuando menos, discutibles. Peor aún, ciertos grupos apuestan abiertamente al fracaso, o incluso al colapso de los programas: unos por cálculos políticos, otros porque no están conformes con el hecho de que el ecosistema de licitaciones anterior a noviembre de 2021 fue desmantelado para redirigir, con más rigor y transparencia, los recursos hacia la verdadera misión legal del Instituto. Esa puja obliga a diseñar un filtro que privilegie los aportes genuinos y exponga las demandas oportunistas.
Aun sin ese cauce formal, la Dirección Ejecutiva mantiene las puertas abiertas a las asociaciones y empresarios dispuestos a robustecer los procesos. Fruto de ese contacto, la institución ha simplificado requisitos, democratizado el acceso y elevado la competitividad sin sacrificar la calidad.
El ciclo de una licitación típica lo evidencia. Antes de publicar la convocatoria, se prepara un borrador de pliego que integra las lecciones de procesos previos y las observaciones con mérito enviadas por los suplidores. Ese pliego -regla de juego vinculante- define objeto, alcance, requisitos legales, técnicos y financieros. También fija criterios de evaluación (precio, calidad, inclusión de mipymes), garantías, penalidades y cronograma, incorporando toda la documentación necesaria para asegurar igualdad de oportunidades.
Cada proceso añade una fase pública de socialización del pliego. Los interesados, individualmente o mediante sus gremios, examinan los términos, plantean inquietudes y proponen ajustes; todo se recoge por escrito y se remite al Comité de Compras y Contrataciones para su análisis técnico-jurídico. Las sugerencias viables se integran y, tras la validación final, se publica el documento definitivo.
La normativa vigente conserva, además, la vía de impugnación administrativa, de modo que cualquier objeción fundada pueda traducirse en correcciones adicionales. Al combinar diálogo presencial, retroalimentación documentada y revisión rigurosa, el esquema garantiza acceso equitativo, decisiones trazables y un proceso permanente de optimización que fortalece la confianza de los proveedores y, sobre todo, la calidad del servicio que reciben los estudiantes más vulnerables.
