Al profundizar en el tema del fraude y la cultura fraudulenta que permea nuestra economía, me encontré con el análisis Pestel (también conocido como Pestle), una herramienta estratégica que permite evaluar los factores externos -políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales- que pueden incidir sobre un país, sector u organización. Su propósito es identificar oportunidades y amenazas en el entorno, facilitando así una mejor toma de decisiones.
Aplicado al mercado de seguros en República Dominicana, el análisis Pestel revela tanto oportunidades como importantes desafíos. Si bien el sector muestra signos de crecimiento económico, avances tecnológicos y reformas regulatorias en curso, también enfrenta serias limitaciones. Entre estas, destacan una baja cultura aseguradora, escasa cobertura en sectores vulnerables y deficiente aplicación de las leyes. Estos factores comprometen el desarrollo sostenible y equitativo del mercado asegurador.
Ahora bien, pese a los avances, debo señalar con preocupación que el análisis no deja ver un panorama del todo favorable para nuestro país. Uno de los factores más determinantes en la percepción negativa que tienen los reaseguradores e inversionistas internacionales es la impunidad. La ausencia de una aplicación objetiva, firme y eficaz del marco legal frente a mafias y fraudes que afectan no solo al sector asegurador, sino a múltiples ámbitos de la economía, constituye un cáncer silencioso que amenaza el crecimiento, el desarrollo y la paz social. Todo esto ocurre mientras carecemos de una voluntad institucional firme para combatir y erradicar de raíz estos males.
El problema no radica únicamente en la calidad de nuestra legislación, sino -y quizás más grave- en la falta de voluntad para aplicarla. No importa cuán buenas sean nuestras leyes si no existe institucionalidad ni coraje político para hacerlas cumplir. La impunidad ha echado raíces, y con ella, una cultura de cinismo que deteriora la moral pública y debilita la economía de los sectores más vulnerables, especialmente las familias de clase media y baja. Esta es una realidad que muchos políticos evitan mencionar, y menos aún, enfrentar.
En nuestro país, se cometen numerosos fraudes contra las aseguradoras, pero también contra los reaseguradores. Esto ha llevado a que, ante cada reclamación, lo primero que se cuestione sea su autenticidad. La desconfianza es tal, que incluso los mecanismos de arbitraje nacionales han perdido credibilidad, y con frecuencia se recurre a instituciones extranjeras para resolver disputas. Esta situación responde a una mentalidad generalizada según la cual engañar a una aseguradora no es un delito, sino una “viveza” o acto de astucia. Esa distorsión cultural está teniendo consecuencias gravísimas para el funcionamiento y la reputación del sistema asegurador nacional.
Quienes valoramos este mercado -y, más allá, nuestro país- debemos expresar nuestra preocupación y, sobre todo, nuestra ocupación en limpiar y profesionalizar las operaciones cuanto antes. Debemos actuar con decisión para evitar situaciones similares a las de Paraguay o actual crisis venezolana, donde la falta de credibilidad y una reputación deteriorada llevaron al retiro de reaseguradores e inversionistas. Las consecuencias para sus mercados y sus economías fueron desastrosas, con impactos directos en la población, a quienes los seguros deberían proteger.
En próximos artículos, abordaremos con más detalle las distintas modalidades de fraude y las estructuras mafiosas que operan en el mundo asegurador y otros sectores económicos. Es imperativo entender que, mientras no existan consecuencias reales, seguiremos siendo víctimas de este cáncer que tanto daño causa.
