En la última década, República Dominicana ha contado con el apoyo de organismos internacionales y expertos en desarrollo que han colaborado en la formulación e implementación de políticas orientadas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Gracias a estos esfuerzos y a un entorno económico relativamente estable, el país ha mantenido un crecimiento económico promedio cercano al 5% anual. Sin embargo, este crecimiento no es suficiente para cerrar la profunda brecha entre los sectores más ricos y los más pobres del país.
Esta desigualdad estructural representa uno de los mayores retos para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, que plantea como objetivo central la construcción de una sociedad equitativa, cohesionada y participativa.
Para avanzar hacia ese ideal, es fundamental preguntarnos por qué es importante atender las causas y consecuencias de la desigualdad, y cómo esta se vincula con el riesgo de quedar atrapados en la llamada “trampa del ingreso medio”.
Ecosistema productivo de RD y rol en el desarrollo
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan un pilar esencial del aparato productivo nacional. Según estimaciones del economista Israel Valdez, estas empresas generan alrededor del 32% del valor agregado del producto interno bruto (PIB), con las microempresas aportando un 20% por sí solas.
Además, cada microempresa emplea en promedio a dos personas, mientras que las pequeñas y medianas pueden llegar a generar hasta 28 empleos por unidad, según declaración del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, en 2022.
Este patrón se repite en toda América Latina. El investigador José Acosta, en un artículo del Eumed, ha señalado que las microempresas representan una proporción significativa del empleo formal, aunque su crecimiento está limitado por el bajo acceso a servicios financieros formales.
Apenas el 5% de los microempresarios en la región logra vincularse al sistema financiero regulado, lo que deja a la gran mayoría en condiciones de exclusión.
Microempresas sin capital: oportunidad sin aprovechar
Entre 1993 y 2013, la cantidad de microempresas en República Dominicana creció a más del doble, pasando de unas 309,000 a casi 773,000 unidades, lo que refleja un dinamismo empresarial notable con una tasa de expansión promedio de 4.7% anual. Sin embargo, este crecimiento no ha ido necesariamente acompañado de mejoras en su capitalización.
De acuerdo con la Encuesta FondoMicro 2013, el 48.3% de las microempresas tiene inversiones menores a RD$50,000, y un 30.8% ha invertido menos de RD$20,000. Estos niveles de inversión tan bajos obstaculizan su capacidad para innovar, competir o escalar.
En ese escenario, el microcrédito se presenta como una herramienta clave para dinamizar el sector. Al facilitar acceso a capital inicial, estas unidades económicas podrían mejorar su inserción en el mercado formal y fortalecer su sostenibilidad. No obstante, el financiamiento por sí solo no es suficiente si no se acompaña de mecanismos de fortalecimiento institucional y formación financiera.
Evolución del microcrédito
El microcrédito tiene raíces profundas en el país. Su implementación inició en 1981 con la Fundación Dominicana de Desarrollo y ha evolucionado hacia un enfoque más amplio conocido como microfinanzas. Este concepto integra no solo préstamos, sino también servicios como ahorro, seguros, productos de consumo y educación financiera.
Algunas organizaciones que iniciaron como entidades de microcrédito han madurado hasta convertirse en bancos regulados, como es el caso de Ademi y Adopem. Esta transformación refleja un intento por institucionalizar el acceso al crédito para poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema bancario formal.
La Ley 187-17, que modifica la Ley de Mipymes, establece los parámetros legales que permiten clasificar las empresas según su tamaño con base en su volumen de ventas y número de empleados. En la práctica, muchas microempresas son gestionadas por sus propietarios, tienen estructuras familiares y operan con recursos limitados, tanto financieros como institucionales.
Características y funcionamiento del microcrédito
Contrario a la percepción común, el microcrédito no es simplemente un préstamo pequeño. Posee condiciones diferenciadas: montos bajos, plazos de pago cortos y tasas de interés más altas que los productos convencionales. Este diseño genera una cartera de alto dinamismo, pero también más expuesta a riesgos.
Sus principales beneficiarios son emprendedores informales, con ingresos limitados y escasa documentación. Para evaluar su capacidad de pago, las instituciones se apoyan en criterios como la reputación, el historial informal y la proyección de flujo de caja. Esta metodología personalizada, aunque necesaria, eleva los costos administrativos.
En República Dominicana, de acuerdo con el director ejecutivo de Adofintech, cerca de 27 entidades fintech operan ofreciendo financiamiento alternativo. Aunque no están bajo supervisión directa de la Superintendencia de Bancos, cumplen normativas específicas del sector.
Estos préstamos oscilan entre RD$5,000 y RD$50,000, con tasas anuales que pueden variar entre un 24% y un 96%, dependiendo del tipo de cliente y del riesgo.
Impacto y riesgos del crédito alternativo
Aunque el microcrédito promueve la inclusión financiera, también conlleva riesgos importantes. Las tasas de morosidad en este segmento pueden alcanzar entre el 25% y el 30%, cifras mucho más altas que las reportadas por los servicios financieros tradicionales, que rondan entre el 1% y el 2%.
Las entidades que ofrecen microcréditos han desarrollado estrategias para minimizar estos riesgos, como el análisis de perfiles de clientes mediante redes sociales, burós de crédito y referencias digitales. En algunos casos, se recurre a garantías sobre los bienes adquiridos con el préstamo, como electrodomésticos o motocicletas.
Pese a estas limitaciones, estas entidades desempeñan un papel relevante en el sistema financiero. Las instituciones afiliadas a la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) representan apenas el 2% del volumen total de préstamos, pero atienden al 44% de los prestatarios de este segmento. Además, el saldo promedio de deuda es de RD$90,000, significativamente inferior al promedio de RD$2.6 millones de los bancos múltiples.
Conclusión: inclusión con propósito
El microcrédito, si se implementa con criterios éticos y bajo esquemas bien diseñados, tiene el potencial de convertirse en un instrumento de desarrollo inclusivo. Sus efectos pueden ir más allá del ingreso: contribuye al fortalecimiento del capital social, mejora el acceso a educación y salud, y refuerza la autonomía de sectores históricamente excluidos, en especial las mujeres.
Además, el auge del crédito digital ha ampliado las posibilidades de acceso. Estudios recientes de la organización internacional Findev indican que un aumento en la oferta de crédito digital favorece el nacimiento de nuevos negocios.
En definitiva, el microcrédito no debe verse como una solución única, sino como parte de una estrategia integral que incluya aspectos como educación financiera, acompañamiento técnico y políticas públicas coherentes. Solo así puede cumplir con su promesa de confianza y desarrollo.
