El “compliance” o cumplimiento y gestión antisoborno en el sector público se asocia más a la integridad y anticorrupción. No obstante, es el camino más seguro para acercar a las instituciones a cumplir su misión en la sociedad, que es garantizar derechos.
Así lo consideró Tania de León, quien es la presidenta de la World Compliance Association (WCA), Capítulo República Dominicana, durante su participación en el Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (Selatca), celebrado en Punta Cana, provincia La Altagracia.
De León resaltó que la gobernanza en el sector público tiene un propósito social y garantista. “Hemos desarrollado dos enfoques de abordaje del ‘compliance’ en el sector público. El enfoque garantista, que debe ser el primero, y el enfoque de integridad: para gestionar riesgos de corrupción y desviación de fondos públicos”, indicó.
Valor público
Para la especialista en cumplimiento regulatorio, el verdadero propósito de las instituciones públicas radica en la generación de “valor público”, un concepto que va más allá del simple cumplimiento normativo y se centra en la experiencia y percepción de los ciudadanos.
“El valor público es la manera en que la gente siente que esa institución sirve para lo que existe”, explicó De León, quien, además, detalló su punto: una institución educativa que proporciona educación de calidad o una encargada de la seguridad que brinda tranquilidad a sus ciudadanos serían ejemplos claros de entidades que entregan valor público.
La ausencia de ese valor, advierte, es un indicativo directo de un problema mayor. Si la ciudadanía no percibe que se están garantizando sus derechos, la institución no está operando en “compliance”.
Afirmó, además, que “la cultura en ‘compliance’ no se obliga, se inspira”. Esto quiere decir que el cumplimiento debe permear todos los niveles de la organización, desde arriba hacia abajo y viceversa. De hecho, enfatizó: “lo que verdaderamente inspira a cumplir las normas es el ejemplo y la coherencia por parte del liderazgo”.
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