La Ley de Libre Acceso a la Información Pública, marcada con el número 200-04, es uno de los avances más importantes experimentados por República Dominicana en materia institucional en los últimos 30 años. En el Ministerio de Obras Públicas parece que no lo entienden así.
Han transcurrido más de tres meses desde que la Junta de Vecinos del Residencial Los Hidalgos, en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte, solicitó mediante esta ley los detalles de las cubicaciones del programa de asfaltado ejecutado en su comunidad. Sin embargo, la solicitud continúa sin respuesta, en clara violación de los plazos establecidos por la normativa. ¿Acaso se considera irrelevante la petición de una organización comunitaria? ¿O es que la Oficina de Libre Acceso ha decidido ignorar sus obligaciones?
Es preocupante que se desacate una ley que garantiza el derecho ciudadano de saber cómo se invierten los recursos públicos. No importa si la solicitud viene de una junta de vecinos o de una gran organización: todos los dominicanos tienen derecho a conocer qué, cuánto y cómo se gasta su dinero.
El silencio administrativo del Ministerio huele a desprecio institucional, y el caso de Los Hidalgos es muestra clara de ello. Pero hay más. El asfaltado realizado en la zona no solo quedó inconcluso, sino que, apenas tres meses después de la retirada de la empresa contratista, el pavimento presenta signos alarmantes de deterioro.
A esto se suma el hecho de que algunas calles quedaron en peores condiciones que antes del inicio de los trabajos. ¿Cómo es posible que una obra tan reciente esté ya deteriorándose? ¿Cuál fue el monto invertido y qué garantías se establecieron en el contrato?
La comunidad tiene razones para sospechar que hubo fallas graves en la ejecución, y que el silencio del Ministerio podría estar encubriendo irregularidades. Negar o ignorar una solicitud de información legítima y amparada en la ley no sólo debilita la confianza ciudadana, sino que erosiona la institucionalidad democrática.
Este artículo busca hacer pública la indignación de una junta de vecinos que siente que se les ha mentido, ignorado y defraudado. Hoy son ellos; mañana puede ser cualquier otro sector del país. Si el Estado no se siente obligado a rendir cuentas, ¿cómo podemos construir una República Dominicana transparente, responsable y verdaderamente democrática?
El respeto por la Ley 200-04 no debería ser opcional. Es una obligación legal y ética, y su cumplimiento es parte esencial de la confianza ciudadana en nuestras instituciones. Los Hidalgos merecen respuestas, y no están solos en exigirlas.
¿Qué sigue ahora? Lo más probable es que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) sea apoderada de una denuncia formal por incumplimiento de esta legislación por parte del Ministerio de Obras Públicas y que luego siga el proceso judicial a través del Ministerio Público.
Esperemos que un simple caso no se convierta en una ventana de algo más grande.
