República Dominicana ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, pero su avance económico enfrenta un obstáculo estructural: la escasez de capital humano calificado. En sectores como manufactura, tecnología y energía, las empresas reportan dificultad para encontrar trabajadores con competencias técnicas adecuadas. Esta brecha limita la productividad y reduce la capacidad del país para atraer inversiones de alto valor agregado.
El desarrollo de una economía moderna exige una política nacional de educación técnica. Aunque existen instituciones destacadas como el INFOTEP, su cobertura y modernización aún resultan insuficientes frente a la velocidad del cambio tecnológico. La formación debe alinearse con las nuevas demandas de la industria 4.0, la digitalización y la transición energética, algo que fue identificado por la ANJE en su estudio “Formación del Talento Humano Frente a la Demanda Actual y Futura de la República Dominicana”.
Un marco legal actualizado podría servir como catalizador. Una Ley de Educación Técnica y Formación Profesional permitiría integrar a los ministerios de Educación, Trabajo e Industria en una estrategia común. Esta norma debería establecer incentivos fiscales para empresas que inviertan en programas de capacitación y reconocer créditos tributarios por gastos en formación de empleados.
El país puede aprender de modelos exitosos. En Alemania, el sistema dual combina estudio académico con práctica en empresas; en Chile, los centros de formación técnica funcionan como aliados del sector productivo regional. Adaptar estas experiencias requeriría reglas claras, certificaciones nacionales y una estrecha vinculación universidad-empresa.
Las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) son el núcleo de esta transformación. Sin embargo, su matrícula sigue siendo baja en comparación con las áreas administrativas o sociales. El Estado podría ofrecer becas orientadas a sectores prioritarios —energías renovables, logística, inteligencia artificial— y promover alianzas con el sector privado para garantizar inserción laboral inmediata.
La educación técnica también es una herramienta para combatir la desigualdad. Jóvenes de estratos vulnerables pueden acceder a empleos bien remunerados si se vinculan con programas de capacitación pertinentes. Pero esto requiere políticas públicas que eliminen barreras económicas, incentiven la formación continua y fortalezcan los institutos regionales de desarrollo profesional.
El capital humano no solo se mide por cantidad, sino por calidad y actualización constante. Las leyes deben promover la educación a lo largo de la vida laboral, con certificaciones modulares y programas de reconversión para trabajadores en riesgo de desplazamiento tecnológico. En un mundo donde la automatización redefine empleos, la legislación debe anticipar el cambio, no reaccionar ante él.
Un marco jurídico integral para la educación técnica generaría beneficios tangibles. Aumentaría la productividad nacional, elevaría los ingresos de los hogares y fortalecería la competitividad de los sectores exportadores. Al mismo tiempo, reduciría la dependencia de mano de obra extranjera en áreas estratégicas.
Invertir en educación técnica es invertir en soberanía económica. No podemos aspirar a un crecimiento sostenible sin una legislación moderna que convierta la formación profesional en política de Estado. La economía del futuro no se construirá solo con infraestructura, sino con conocimiento, innovación y talento humano preparado para los desafíos del siglo XXI.
