El Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, destacó la conveniencia de que las personas depositen sus ahorros en las entidades de intermediación financiera reguladas, sujetas a la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, y no en empresas y personas físicas que captan recursos al margen de la misma, ofreciendo, por su estado y proceder ilegal, altas tasas de interés, con la finalidad de captar recursos del público.
Asunción indicó que conforme a lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, del 21 de noviembre de 2002, la intermediación financiera, definida como la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, está sometida al régimen de previa autorización administrativa y supervisión continua.
Adicionalmente, destacó que la Superintendencia de Bancos (SIB) ha venido ejecutado un proceso de saneamiento del Sistema Financiero, orientado a excluir aquellas entidades de intermediación financiera que no presentan perspectivas de continuidad de negocios y representan riesgos para el pago de los ahorros de los depositantes.
Precisó que la Superintendencia de Bancos (SIB) protege los recursos de los depositantes, y que con la disolución de una entidad de intermediación financiera, el Organismo Supervisor garantiza que al menos el 96% de los depositantes reciban el pago de sus ahorros, como ha ocurrido en casos recientes de conocimiento del público.
Asunción señaló también que el Artículo 64, literal c, de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, contempla la garantía de depósitos, estableciendo que los depósitos del público en las entidades de intermediación financiera estarán garantizados por los recursos disponibles del Fondo de Contingencia, hasta una cuantía por depositante de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00). Es decir, que cuando un ahorrante, deposita en una entidad regulada por la Ley Monetaria y Financiera, tiene la seguridad de recibir el pago de sus ahorros hasta ese monto (RD$500,000.00).
Precisó que de conformidad con la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Bancos (SIB) tiene la responsabilidad de la supervisión y control de las entidades de intermediación financiera autorizadas en virtud de la misma y periódicamente coloca en los medios escritos de circulación nacional, mediante espacio pagado, un listado de las entidades autorizadas a realizar intermediación financiera, información que se mantiene actualizada en su página web www.sib.go.do.
Destacó que en los casos de entidades de intermediación financiera autorizadas y reguladas, que han sido objeto de su disolución, debido a acciones dolosas y fraudulentas por parte de sus accionistas y directivos y otras violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Bancos (SIB) ha actuado con responsabilidad, firmeza y sin contemplaciones, en el sometimiento de los mismos a la acción de la justicia.
Sin embargo, señaló que resulta prácticamente imposible tener conocimiento y controlar, que personas físicas y morales estén captando recursos de manera irregular, al margen de la Ley.
El Superintendente indicó, que los hechos y la experiencia han demostrado, que las personas físicas o morales, que depositan su dinero en empresas o personas sin autorización legal de la Junta Monetaria, no lo hacen porque no tengan conocimientos de las regulaciones del sistema financiero, sino por otras razones como son: La búsqueda o el beneficio de tasas elevadas, fuera de los estándares normales del mercado regulado; como medio para el lavado de dinero; y la evasión de pagos de impuestos, entre otras.
Asunción indicó que la Superintendencia de Bancos (SIB) logra identificar entidades que captan recursos de manera irregular cuando se reciben denuncias del público en la Oficina de Servicios y Protección al Usuario, procediendo de inmediato a realizar una inspección especial en dichas entidades, amparada en al Artículo 57, literal b) de la Ley Monetaria y Financiera. Informó que al comprobarse la realización de actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria, este Órgano Supervisor, en estrecha colaboración y auxilio del Ministerio Público, procede a cerrar el local de la entidad y aplica una penalidad por el monto de RD$10 millones, según lo estipulado en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.
Asunción señaló que debido a la falta de competencia legal de la Superintendencia de Bancos (SIB) para llevar a cabo acciones de carácter penales y civiles, remite al Ministerio Público los resultados de las inspecciones realizadas en entidades que captan recursos al margen de la Ley, con la finalidad de que el mismo determine las acciones penales y civiles que pudieran derivarse de las operaciones ilegales llevadas a cabo por dichas empresas. En este sentido, dijo que el Ministerio Público es el responsable de perseguir los delitos derivados de la actividad ilegal antes referida y dar respuesta a las denuncias y querellas sometidas por el público que se derivan de la misma.
El Superintendente de Bancos expresó que es una situación bastante difícil de controlar, toda vez que estas empresas y personas no autorizadas operan en las sombras. Sin embargo, informó que interesados y preocupados por este tema, esta Superintendencia de Bancos, conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Nacional, tiene diseñado y preparado un proyecto muy importante para controlar y minimizar las posibilidades de que se sigan llevando a cabo estas actividades ilegales, tan perjudiciales para el público ahorrante, el sistema financiero y el país. Señaló que en breve plazo, posiblemente la semana entrante, se hará la presentación formal de este proyecto.
Asunción dijo que confía en que la prensa, los principales medios de comunicación y los hacedores de la opinión pública en nuestro país den todo su apoyo a la labor que viene desarrollando la Superintendencia de Bancos (SIB) y al proyecto ya referido, que será altamente eficaz para resolver esta delicada situación.
