[dropcap]L[/dropcap]a designación de Nilka Elisa Jansen Solano como directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) es un paso de avance institucional. Los sectores más representativos de República Dominicana, entre los que están empresarios, líderes de organizaciones civiles y políticas, así como organismos internacionales, lo venían pidiendo desde hace años.
Es justo valorar la actitud del presidente Danilo Medina, quien reconoce el papel fundamental que juega ProCompetencia para promover y garantizar la existencia de un mercado en el que sus protagonistas puedan competir con eficiencia económica. De este gran paso, que abre las puertas para que esta institución funcione a plena capacidad, los consumidores habrán de salir gananciosos.
La Dirección Ejecutiva, que escoge de una terna presentada al Presidente por el Consejo Directivo, tiene la función principal de instruir y sustanciar los expedientes; administrar y coordinar las actuaciones operativas y ser fedataria de los actos oficiales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Entre otras funciones que corresponden a la directora ejecutiva están: Investigar y actuar de oficio en los casos en que existan indicios en el mercado de violación a la presente ley; recibir las denuncias de parte interesada, presentar al Consejo Directivo las acusaciones públicas para la imposición de sanciones administrativas sobre las prácticas, actuaciones, conductas y demás asuntos que le atribuye esta ley; realizar estudios, trabajos y otras actividades de investigación y divulgación, con el fin de inducir una cultura de la competencia entre los agentes económicos del país; y proponer al Consejo Directivo medidas y acciones que tengan por objeto facilitar la entrada al mercado de nuevos competidores.
Una de las funciones más importantes está relacionada con desburocratizar y modernizar la administración pública y mejorar el entorno económico para un mejor desempeño de los agentes que interactúan en el mercado, así como realizar estudios e investigaciones en los sectores económicos para analizar su grado de competencia, a fin de determinar la existencia de prácticas restrictivas de la competencia y sus respectivas recomendaciones.
Aún hay tareas pendientes que merecen la atención de quienes tienen el poder de decisión. La definición del estatus de algunos de sus miembros, que debieron haber cesado en sus funciones por vencimiento del período de su designación, debe colocarse en la agenda. Hay que darle pleno poder de acción y para ello se debe quitar cualquier obstáculo que pudiera invalidar alguna de sus acciones.
Queda ahora sobre los hombros de la nueva directora ejecutiva de ProCompetencia demostrar que valió la pena esperar tantos años para su designación. Garantizar que el mercado funcione lo más perfectamente posible, o sea, que la oferta y la demanda sean la regla y no la excepción, es cuestión de una alta dosis de responsabilidad de la nueva funcionaria.
Su compromiso, más que con el país, es consigo misma. De su actuación dependerá que sea recordada como una persona independiente, que no se dejó narigonear de ningún interés particular, y que siempre estuvo del lado de la libre competencia.
